
El Poder Ejecutivo de Armenia debate un proyecto de decreto que prevé la derogación definitiva de la histórica Resolución Gubernamental Nº 487 del 5 de noviembre de 1997, la cual otorgaba una serie de privilegios laborales y garantías sociales especiales a los funcionarios dedicados a la custodia y manejo permanente de secretos de Estado y oficiales.
La reforma busca unificar los criterios de compensación en el sector público. Con esta medida, el gobierno pretende eliminar distinciones salariales o de jubilación anticipada que la legislación actual ya considera obsoletas o ineficientes para el aparato administrativo del país.
La necesidad de invalidar la vieja norma de 1997 responde a la obligatoriedad de armonizar las disposiciones del Ejecutivo con la nueva Ley sobre Secretos de Estado, aprobada por la Asamblea Nacional el 1 de marzo de 2023 y que entró en vigor el 28 de enero de 2024.
El sustento jurídico que daba vida a la entrega de estos beneficios radicaba en la antigua Ley sobre Secretos de Estado y Oficiales. Dicha norma facultaba expresamente al gabinete de ministros para fijar los montos y los procedimientos de estas compensaciones, pero el parlamento derogó ese inciso específico en el año 2017.
La legislación vigente en la república caucásica ya no contempla garantías sociales separadas ni privilegios especiales para aquellas personas que reciben la autorización de seguridad correspondiente para manipular datos altamente reservados o realizar labores de inteligencia.

La entrada en vigor de este nuevo decreto plantea un escenario dividido para los empleados del sector de la defensa, seguridad y alta diplomacia, respetando de forma estricta los derechos adquiridos bajo el principio de no retroactividad:
Esta reestructuración legal no constituye un hecho aislado. La supresión de estos beneficios especiales se deriva directamente del Capítulo 6.4 del Programa de Gobierno de la República de Armenia (2021-2026), el cual fue ratificado originalmente por la Asamblea Nacional mediante la Resolución Nº NDO-002-N el 26 de agosto de 2021.
Dicho plan estratégico obliga a las carteras de Estado a realizar análisis funcionales e institucionales exhaustivos para identificar duplicidades, gastos superfluos e ineficiencias financieras dentro de la administración pública.
Asimismo, la mesa técnica encargada del borrador certificó de manera oficial que la anulación de estos privilegios guarda total armonía con la Doctrina de Transformación Económica e Institucional de Armenia, un documento estratégico marco aprobado por el gabinete del primer ministro Nikol Pashinyan a través de la Resolución Gubernamental Nº 16-L el pasado 8 de enero de 2026.