El Gobierno de Armenia declara la «desoligarquización» como prioridad estatal y amenaza con incautaciones masivas

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, anunció que la desoligarquización y la confiscación de bienes ilícitos constituyen la máxima prioridad de su administración. La Fiscalía General ha presentado demandas judiciales por cientos de miles de millones de drams contra exaltos cargos y grandes empresarios, sumando solo en 2025 pretensiones por 36 mil millones de drams.

Alertas del Ejecutivo y la respuesta del sector empresarial

El Primer Ministro advirtió que la oportunidad de confesar malversaciones y devolver capitales de forma voluntaria al Estado ya ha caducado para varios imputados. Durante sus declaraciones, Pashinyan citó como advertencia ejemplarizante el caso del exministro Gagik Khachatryan, rechazando los señalamientos sobre presuntos abusos cometidos por el Servicio de Seguridad Nacional.

Por su parte, los principales referentes de la oposición y el sector empresarial cuestionaron la legitimidad del proceso judicial.

Levon Kocharyan (diputado de la alianza Armenia) señaló que solo los tribunales pueden determinar los destinos patrimoniales, recordando que su padre, el expresidente Robert Kocharyan, y su hermano Sedrak Kocharyan afrontan procesos penales por malversacion de fondos y estafas reiteradas.

Por su parte Iveta Tonoyan, portavoz del empresario juzgado por corrupción u evasión impositiva Gagik Tsarukyan, calificó de irrealistas las advertencias del Gobierno sobre privar de patrimonio al líder del Partido Armenia Próspera.

Desmarque de empresarios afines e instrucciones a las fuerzas del orden

Asimismo, Pashinyan rechazó las acusaciones que lo vinculan con empresarios emergentes beneficiados bajo su mandato. Ante las críticas por la supuesta transferencia de activos hacia el inversor Narek Nalbandyan, el mandatario aclaró que asistir a inauguraciones industriales no implica protección política.

En consecuencia, el Jefe de Gobierno instruyó a los organismos policiales para actuar con severidad si algún empresario intenta atribuirse cercanía con la familia presidencial. Tras el anuncio oficial, el propio Narek Nalbandyan emitió un comunicado desmintiendo categóricamente cualquier nexo personal, familiar o comercial con las autoridades vigentes.