Armenia plantea la salida de Rusia de la concesión ferroviaria y abre la puerta al arbitraje internacional

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, endureció su postura respecto a la concesión ferroviaria del país, actualmente bajo la administración de la empresa Ferrocarriles de Rusia a través de su filial Ferrocarriles del Cáucaso Meridional.

La red nacional fue entregada en concesión a la parte rusa en 2008 por un plazo de 30 años. Sin embargo, Ereván argumenta que esta gestión priva a Armenia de sus ventajas competitivas, ya que terceros países evitan utilizar el sistema de transporte por estar bajo administración de Rusia.

Negociaciones para transferir la gestión a una empresa kazaja

Desde febrero de 2026, el gobierno armenio ha propuesto traspasar la concesión a un tercer país que mantenga relaciones amistosas tanto con Armenia como con Rusia. Durante una conferencia de prensa, Pashinyan confirmó que se contempló a Kazajistán como opción viable:

“No nos importaría que, al final, existiera un entendimiento mutuo entre nosotros y Rusia de que la empresa kazaja es aceptable para ambas partes. Las ideas existen, pero todavía son solo ideas en el aire”, señaló el primer ministro.

A pesar de las propuestas planteadas por Armenia, Moscú rechazó la transferencia del control de la infraestructura.

Posibilidad de arbitraje internacional e interpretaciones del conflicto

Ante la negativa de la contraparte rusa, Pashinyan afirmó que no hay alternativa a que la República de Armenia recupere el control soberano de sus vías férreas, señalando que, de no alcanzarse un acuerdo amistoso de jure, recurrirán al arbitraje internacional.

Paralelamente, surgieron versiones y análisis sobre el impacto económico del acuerdo. Ereván sostiene que la infraestructura es propiedad pública del Estado armenio y debe ser utilizada en función de los intereses nacionales.

La República de Armenia otorga subsidios a la concesionaria para financiar el transporte de pasajeros, el cual sigue figurando entre los más costosos de la región.

Fuentes analíticas desmintieron que Armenia busque cobrar un alquiler retroactivo de 2.000 millones de dólares anuales, aclarando que el debate de fondo radica en la inviabilidad financiera y estratégica de mantener el esquema actual sin rendimiento operativo para el país.