Armenia defendió ante la ONU el uso de leyes antiterroristas contra «Lucha Santa» por su intento de Golpe de Estado

Armenia negó con un informe de 31 páginas ante la ONU en Ginebra que hubiera persecución política o religiosa contra el arzobispo Bagrat Galstanyan y su movimiento «Lucha Santa», sino una investigación real sobre un plan de golpe de Estado que planeaban con opositores.

La Organización de las Naciones Unidas había hecho pública la correspondencia oficial mantenida con el gobierno de Armenia en relación con los procesos penales dirigidos contra el arzobispo Bagrat Galstanyan. Seis organismos con mandatos especiales de la ONU enviaron una solicitud formal de información al ejecutivo armenio, expresando su preocupación ante la posibilidad de que las acciones estatales vulneren los tratados internacionales de derechos humanos.

Los relatores de la ONU señalaron que la campaña de represión contra los sectores disidentes se intensificó desde mayo de 2025, abarcando a partidos políticos de la oposición, figuras públicas y a la propia Iglesia apostólica armenia. El documento detalla presuntos abusos de poder por parte de los cuerpos de seguridad, detenciones arbitrarias y la aplicación desproporcionada de la legislación de seguridad nacional y antiterrorista con fines políticos.

Cargos de golpe de Estado y antecedentes de violencia en las calles

El origen de la tensión se remonta a las manifestaciones pacíficas desarrolladas entre abril y junio de 2024, en las cuales los ciudadanos exigían la renuncia del primer ministro Nikol Pashinián a través de una moción de censura en la Asamblea Nacional de Armenia. De acuerdo con el informe de la ONU, la intervención policial del 12 de junio de 2024 se saldó con el uso excesivo de la fuerza y el empleo de artefactos de aturdimiento, dejando un balance de al menos 83 manifestantes y 8 periodistas heridos.

A pesar de la disminución del volumen de las protestas callejeras, la «Lucha Santa» mantuvo sus actividades de oposición. En junio de 2025, el Primer Ministro y el Comité de Investigación de Armenia aseguraron públicamente contar con pruebas materiales sobre un supuesto plan de golpe de Estado orquestado por el arzobispo Galstanyan para deponer el orden constitucional mediante actos de terrorismo. Ante esto, la ONU exigió a Ereván responder a ocho cuestionamientos clave sobre los fundamentos jurídicos de las detenciones y la compatibilidad de los cargos de terrorismo con las normas internacionales.

Respuesta de la diplomacia armenia ante la Oficina de Ginebra

La Misión Permanente de Armenia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra remitió un documento de descargo de 31 páginas para defender la legalidad de sus procedimientos. La representación diplomática armenia enfatizó que las investigaciones penales en curso se ejecutan bajo el estricto cumplimiento del estado de derecho y las garantías del debido proceso estipuladas en la Constitución de la República de Armenia.

El comunicado oficial sostiene que las imputaciones formuladas carecen de motivaciones políticas, ideológicas o religiosas, y que no guardan relación con el derecho a la libre asociación o la crítica pública al gobierno. Según la argumentación judicial de Ereván, los expedientes fueron abiertos basándose de forma exclusiva en indicios delictivos sobre la preparación de actos violentos contra las instituciones democráticas del país.