Armenia implementa una nueva ley de consumo: 14 días para devolver compras físicas y online

A partir del 1 de julio de 2026, los consumidores en Armenia cuentan con nueva ley de consumo: podrán cancelar la mayoría de los contratos de compra, tanto digitales como presenciales, sin necesidad de justificación alguna, en un plazo de 14 días. Esta ventana de arrepentimiento forma parte de la nueva normativa de la Comisión de Competencia y Protección del Consumidor del país.

La reforma se diseñó y estructuró bajo el marco del Acuerdo Integral y Reforzado de Asociación (CEPA) suscrito entre Armenia y la Unión Europea. El objetivo principal es homologar los derechos de los ciudadanos armenios con los estándares internacionales de consumo, obligando a los comercios a operar en un ecosistema mucho más transparente.

Fin a las trampas en Internet y el acoso telefónico

La comisionada Shushan Sargsyan explicó que las nuevas reglas imponen severas obligaciones informativas a los proveedores y vendedores. La ley ataca directamente los canales de venta más vulnerables:

Compras online seguras: Se acabaron las suscripciones o cobros engañosos. Al realizar un pago electrónico, la plataforma web del comercio deberá incluir obligatoriamente un botón claro y diferenciado que indique de forma explícita que se está asumiendo un costo, utilizando leyendas estandarizadas como “pedido con obligación de pago”.

Ventas por teléfono reguladas: Las empresas que utilicen el telemarketing para ofrecer productos o servicios estarán obligadas a identificarse de inmediato y declarar abiertamente al inicio de la llamada que la comunicación tiene fines comerciales.

Adiós a las cláusulas abusivas en los contratos “letra chica”

La normativa también amplía la lista negra de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión (esos contratos estándar que el cliente firma o acepta en internet sin posibilidad de negociar).

A partir de ahora, se considerarán inválidas y nulas desde el momento de la firma las siguientes prácticas comerciales:

Modificar las especificaciones de los bienes o servicios de forma unilateral y sin una justificación de peso.

Restringir o penalizar el derecho del consumidor a rescindir un contrato.

Incluir apartados que impidan al cliente defender sus derechos ante los tribunales de justicia o recurrir a mecanismos oficiales de resolución de conflictos.

La Comisión de Competencia ya ha comenzado las rondas de capacitación con los sectores empresariales y las organizaciones públicas del país para detallar cómo se fiscalizará la ley y cuáles serán las estrictas multas y sanciones económicas para los comercios que intenten infringirla.