Armenia: 45 demandas contra medios en 9 meses, alerta el Comité de Libertad de Expresión

El Comité para la Protección de la Libertad de Expresión informó que 45 demandas fueron presentadas contra periodistas y medios de comunicación en Armenia durante los primeros nueve meses de 2025. La mayoría de los casos involucra a funcionarios públicos y podrían resolverse fuera de los tribunales.

Incremento de demandas contra medios y periodistas

Durante los primeros nueve meses de 2025, se presentaron 45 demandas legales contra medios de comunicación en Armenia, informó Ashot Melikyan, presidente del Comité para la Protección de la Libertad de Expresión.

Según Melikyan, esta cifra representa 10 demandas más que en el mismo período del año pasado, lo que evidencia un aumento de conflictos legales entre funcionarios y la prensa local.

Funcionarios bajo la lupa: el 66% de las demandas

Del total de 45 demandas, 15 fueron nuevas durante el trimestre, de las cuales 10 se referían a funcionarios públicos.

Melikyan explicó que la mayoría de los casos tienen como base insultos y calumnias, pero advirtió que la tendencia creciente refleja una práctica preocupante:

“Continúa la tendencia de que los funcionarios acosen públicamente a los medios de comunicación o a periodistas individuales, lo que también conduce a la presentación de demandas contra ellos”.

Disputas que podrían evitar los tribunales

El presidente del Comité subrayó que muchas de estas disputas podrían resolverse fuera de los tribunales, evitando procesos legales costosos y prolongados.

“Muchos funcionarios recurren a los tribunales para resolver conflictos de información que podrían tratarse de manera directa o mediante mediación”, añadió Melikyan.

Expertos en libertad de prensa interpretan estas cifras como una señal de alarma sobre la presión política sobre los medios y la necesidad de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Impacto sobre la libertad de prensa en Armenia

El incremento de demandas afecta no solo a periodistas sino también a la percepción de independencia de los medios.

Según Melikyan, los casos judiciales pueden generar autocensura, ya que los periodistas podrían evitar cubrir temas sensibles por temor a represalias legales.

“Este patrón no solo limita la libertad de expresión, sino que también debilita la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos”, concluyó.