Armenia busca cerrar la “laguna familiar” en la contratación pública

El Gobierno de Armenia dio un paso clave contra el conflicto de intereses en la contratación pública. El 22 de enero aprobó un proyecto de ley que prohíbe a familiares de altos funcionarios participar en licitaciones estatales, con el objetivo de reducir el amiguismo y los esquemas ligados al presupuesto.

La iniciativa ya fue enviada al Parlamento y, si se aprueba, limitará de forma directa los negocios vinculados a funcionarios de máximo nivel, según informó el Ministerio de Finanzas.

Familiares fuera de las licitaciones estatales

El ministro de Finanzas, Vahe Hovhannisyan, explicó que el nuevo modelo introduce niveles de influencia. En el nivel más alto, las empresas vinculadas a familiares del presidente, el primer ministro y el propio ministro de Finanzas no podrán participar en ningún proceso de contratación estatal.

“Las empresas de los familiares de los más altos funcionarios tienen prohibido participar en cualquier proceso de contratación”, afirmó Hovhannisyan.

Se consideran personas relacionadas el cónyuge, hijos, padres, hermanos y convivientes. La empresa será considerada afiliada si estas personas controlan más de la mitad del capital o influyen en sus decisiones.

Tres niveles de influencia y control anticorrupción

El proyecto distingue tres niveles. En el segundo y tercer nivel, las restricciones se aplican a licitaciones organizadas por el organismo donde trabaja el funcionario implicado. Aquí entran fiscales, jefes de órganos de investigación, autoridades independientes y el Defensor de los Derechos Humanos.

El control recaerá en la Comisión de Prevención de la Corrupción, organismo estatal encargado de vigilar estos procesos.

Digitalización para bloquear esquemas

El viceprimer ministro Mher Grigoryan puso el foco en la tecnología. “El sistema debería retirar automáticamente la solicitud en la etapa inicial”, señaló, al pedir una base de datos con filtros digitales.

Si una empresa gana una licitación y luego se detecta afiliación prohibida, el contrato se rescindirá y se devolverá el 20 % del monto al Estado.

Empresas extraterritoriales bajo debate

Otro punto sensible es la exclusión de empresas extraterritoriales. Según Grigoryan, las compañías cuyos beneficiarios reales no estén revelados no podrán participar.

“No sé si es bueno o malo, pero es un hecho”, afirmó. El tema se debatirá en la Asamblea Nacional, ya que podría afectar inversiones y competencia.