Polémica en Armenia por la creación del batallón “Baghramyan” en Rusia: Reclutamiento y riesgos legales

Medios regionales confirmaron la formación de una nueva unidad militar en Rusia para pelear contra Ucrania denominada Batallón Baghramyan. El grupo, liderado por figuras como Armen Sarukhanyan y el comandante Edmon, utiliza el nombre del legendario mariscal soviético para atraer a voluntarios de la diáspora armenia y refugiados de Artsaj.

Diversos sectores de la sociedad civil armenia denuncian que esta entidad utiliza a la Iglesia Apostólica Armenia en Moscú como plataforma de legitimación para el reclutamiento. Las críticas apuntan directamente al arzobispo Ezras, a quien acusan de permitir el sacrificio de compatriotas en una guerra ajena tras el desgaste de unidades previas, como el batallón Arbat, que también había sido conformado por ex combatientes de Artsaj.

Consecuencias penales: Hasta 15 años de cárcel por mercenarismo

El gobierno volvió a recordar que la participación de ciudadanos armenios en este conflicto conlleva graves riesgos jurídicos bajo el Código Penal de Armenia vigente desde el 1 de enero de 2026. La ley armenia es tajante respecto al mercenarismo y establece penas de 5 a 10 años de prisión por la simple participación en conflictos armados extranjeros.

El castigo se recrudece para quienes organizan el reclutamiento, la financiación o el entrenamiento de estas unidades. Si el delito se comete utilizando una posición oficial o mediante un grupo organizado, las penas ascienden a un rango de 12 a 15 años de cárcel o incluso cadena perpetua.

El alto costo humano de la participación armenia en Ucrania

Datos actualizados a mayo de 2026 indican que al menos 841 armenios han muerto luchando del lado ruso en la Invasión rusa de Ucrania. Críticos de esta movilización señalan que generales de la antigua dirigencia de Artsaj están implicando a ciudadanos en actividades que manchan el nombre nacional.

Las autoridades de Ereván advierten que estas acciones no representan la política oficial del Estado y ponen en peligro la seguridad jurídica de los combatientes. El gobierno busca desvincular al país de estas estructuras militares privadas para evitar sanciones internacionales y proteger la soberanía de su política exterior.