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Armenia aprueba nuevo procedimiento para los edificios abandonados
⚠️ El Gobierno de Armenia reglamentó la inhabilitación de edificios abandonados o ruinosas. El plan busca proteger la seguridad pública. 🏢
El Gobierno de la República de Armenia aprobó la Resolución n.º 982-N para declarar edificios no aptos para su uso según su estado técnico. El Comité de Desarrollo Urbano impulsó esta medida para resolver el destino de edificios abandonados, sin terminar o en estado ruinoso.
La iniciativa gubernamental busca prevenir posibles peligros en el país. Además, el plan pretende garantizar la seguridad de la población, normalizar las actividades cotidianas y asegurar el uso eficaz de los territorios.
Criterios técnicos para evaluar los inmuebles
Las autoridades declararán no apta una estructura residencial, pública o industrial por un alto grado de deterioro físico. También aplicarán la norma tras daños por emergencias, funcionamientos inadecuados o un periodo prolongado de inactividad.
Las entidades competentes inhabilitarán el inmueble si los fondos de restauración, refuerzo o reconstrucción superan el límite previsto. Una organización autorizada deberá confirmar la inhabilitación mediante la conclusión de una inspección de estado técnico.
Competencias administrativas según la superficie
El Comité de Gestión de la Propiedad Estatal tomará la decisión sobre los inmuebles estatales de hasta 100 metros cuadrados. El jefe de la comunidad correspondiente definirá la situación para las propiedades comunitarias con esa misma superficie.
El alcalde de la ciudad de Ereván resolverá las solicitudes sobre las estructuras ubicadas dentro de su jurisdicción municipal. El Gobierno de Armenia decidirá el destino de los inmuebles que superen los 100 metros cuadrados.
Alcance y excepciones de la nueva normativa
El Ministro de Administración Territorial e Infraestructura de la República de Armenia presentará las recomendaciones correspondientes al Gobierno central. La normativa define la composición de los documentos presentados, los plazos para su revisión y las competencias de las autoridades.
El texto oficial aclara una excepción importante sobre el alcance de las medidas administrativas. Las disposiciones de la orden no aplican a los edificios con un plan de demolición aprobado por el Gobierno.
