Aumentan las violaciones a la libertad de prensa en Armenia durante 2025

El informe anual 2025 sobre las violaciones de los derechos de los periodistas y los medios en Armenia reveló un incremento de las presiones y procesos judiciales, con un dato clave: cerca de la mitad fueron iniciados por funcionarios estatales. El documento fue presentado por Ashot Melikyan, presidente del Comité de Protección de la libertad de expresión, durante una conferencia de prensa en Armenpress.

Melikyan advirtió que la situación del periodismo en el país se volvió más conflictiva que en 2024. Según explicó, este clima tenso impactó directamente en el aumento del número total de violaciones registradas.

Funcionarios y periodistas, en el centro del conflicto

“El rasgo distintivo de 2025 es que alrededor de la mitad de las presiones y de los casos judiciales contra periodistas y medios fueron obra de funcionarios gubernamentales”, afirmó Melikyan. Sin embargo, también señaló que muchos conflictos no fueron unilaterales.

El titular del Comité remarcó que durante el año se detectaron reiteradas violaciones de la ética profesional por parte de periodistas. Esta combinación de factores, sostuvo, explica el crecimiento de los incidentes vinculados a la libertad de expresión en Armenia.

Más casos que en 2024

El informe clasifica las violaciones en tres grandes grupos. La primera categoría incluye violencia física contra periodistas. La segunda abarca otras formas de opresión, como insultos y amenazas. La tercera se refiere a las violaciones del derecho a recibir y difundir información.

En total, durante 2025 se documentaron 224 casos, frente a 208 en 2024. “Si tomamos estas tres categorías en conjunto, el número de violaciones es mayor que el año anterior”, explicó Melikyan.

Un clima tenso para la prensa

El presidente del Comité subrayó que el aumento de los conflictos refleja un entorno más hostil para el trabajo periodístico. La participación directa de actores estatales en procesos judiciales contra medios genera preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

El informe de 2025 vuelve a poner en agenda el debate sobre los límites entre la crítica periodística, la ética profesional y el uso de herramientas legales por parte del poder público.