Aplazan el juicio penal contra el Catolicós Karekin II en Armenia tras la inasistencia de los fiscales

En primer lugar, el tribunal secular aplazó el juicio penal contra el Catolicós Karekin II en Armenia tras la inasistencia de los fiscales oficiales. Asimismo, la ausencia del obispo Gevorg Saroyan reavivó los cuestionamientos de la defensa por la extensión indefinida de las restricciones cautelares. Por consiguiente, los abogados denunciaron que las autoridades imponen un castigo preventivo sin justificar adecuadamente las demoras procesales.

Desestimación de la demanda civil y choque con la autonomía constitucional

Por otra parte, un juzgado civil desestimó previamente la demanda planteada por el obispo Gevorg Saroyan para recuperar la diócesis de Masyatsotn. Ciertamente, los magistrados declararon la falta de competencia secular para resolver disputas reguladas estrictamente por el derecho canónico. De este modo, la desestimación judicial debilitó los argumentos centrales sostenidos por la acusación penal de la fiscalía.

Además, el proceso compromete el artículo 17 y el artículo 18 de la Constitución nacional redactada en Ereván. De hecho, el texto constitucional exige respetar la separación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Sin embargo, el programa gubernamental 2026-2031 establece como meta oficial la destitución de Karekin II.

Impacto en las comunidades de la diáspora y la independencia del poder judicial

Por otro lado, la prohibición de viajar impide que la cúpula eclesiástica ejerza sus responsabilidades pastorales en el exterior. En consecuencia, el enfrentamiento político amenaza con fracturar las relaciones institucionales entre el gobierno armenio y la diáspora global. De esta manera, el conflicto institucional debilita la proyección diplomática de la nación en el escenario internacional.

Por último, los juristas demandan un juicio imparcial que respete la autonomía de la Iglesia Apostólica Armenia. Ciertamente, las instituciones estatales deben ejercer su autoridad respetando los límites fijados por el orden constitucional democrático. Por lo tanto, el veredicto final sentará un precedente decisivo para el futuro de las relaciones eclesiásticas.