Alemania deportó a 146 ciudadanos a Armenia en el primer semestre de 2026 en medio de reclamos por transparencia

Un total de 146 ciudadanos armenios fueron deportados desde Alemania durante la primera mitad de 2026, según reveló un informe oficial del Bundestag analizado por el periodista Ara Khanbabyan. De este modo, la llegada de un sexto vuelo chárter al aeropuerto de Ereván el pasado 13 de octubre reabrió el debate sobre los mecanismos de repatriación forzada y el impacto social sobre los menores de edad repatriados.

Operativos financiados por Frontex y violaciones a los derechos del niño

Los documentos parlamentarios de Berlín detallan que entre los deportados figuran 64 mujeres y 32 niños, elevando a 160 la cifra total de nacionales armenios que abandonaron territorio alemán por orden judicial. Asimismo, tan solo cuatro vuelos chárter coordinados por la Policía Federal Alemana y financiados por la agencia europea Frontex representaron un costo operativo superior a los 570.000 euros, movilizando en ocasiones a más personal de escolta que pasajeros.

El informe del Organismo Nacional Alemán para la Prevención de la Tortura denunció irregularidades graves en la aplicación de las órdenes de expulsión. Por lo tanto, el texto citó el caso de una familia en Renania-Palatinado donde una abuela fue separada de su nieto de nueve años con autismo severo tras sufrir el menor una crisis de salud en el aeropuerto de Berlín previa al despegue.

Falta de datos oficiales en Ereván y el reto de la reintegración

A la par de las 146 deportaciones forzosas, más de 600 armenios regresaron mediante programas de retorno voluntario asistido (REAG/GARP) en el mismo período. Sin embargo, analistas remarcan la asimetría informativa entre ambos Estados, criticando que el Gobierno armenio no publique cifras consolidadas sobre el número de pasajeros que arriban ni sobre los recursos asignados para su reinserción laboral, habitacional y educativa.

La recepción continua de familias repatriadas exige una respuesta articulada por parte de las instituciones de bienestar social. En consecuencia, Armenia enfrenta la urgencia de establecer protocolos transparentes que garanticen la asistencia integral a los niños y adultos que regresan al país.