¿Dónde van a parar las baterías usadas de los vehículos eléctricos en Armenia?

Ante el crecimiento de los vehículos eléctricos plantea una nueva interrogante crítica: ¿qué se hará con las baterías al final de su vida útil? Un informe de EVN Report

La política de exención aduanera para vehículos eléctricos introducida por el Gobierno de Armenia en 2022 impulsó una rápida adopción de esta tecnología. En ese primer año, 2962 vehículos eléctricos (VE) ingresaron al país bajo un cupo de 6400 unidades. La tendencia se aceleró en 2023 con 5584 unidades importadas y continuó en 2024 con un cupo ampliado a 8000 vehículos en 2025, de los cuales ya se habían importado 5547 al 1 de abril, según datos oficiales. Esta iniciativa se enmarca en el Programa Gubernamental 2021-2026, que prioriza la reducción de la contaminación del aire y el fomento de tecnologías limpias.

El reto ambiental de las baterías de iones de litio

Las baterías de los VE son en su mayoría de iones de litio, que aunque eficientes, contienen materiales tóxicos y valiosos como litio, cobalto, níquel y aluminio. Si se desechan de forma incorrecta, pueden contaminar el suelo, el agua y el aire, generando riesgos graves para el medio ambiente.

Estudios muestran que estas baterías pierden solo un 1,8 % de capacidad por año, lo que les otorga una vida útil promedio de 10 a 20 años. Dado que la mayoría de los VE en Armenia fueron importados recientemente, el país aún tiene tiempo para desarrollar un sistema de reciclaje eficiente. Pero el reloj ya está corriendo.

Un sistema de reciclaje aún inexistente

Actualmente, Armenia no cuenta con infraestructura específica para el reciclaje de baterías de VE. A nivel global, esta industria todavía se encuentra en desarrollo, y la escasez de baterías usadas plantea un problema adicional: muchas empresas invierten en reciclaje, pero las cantidades actuales no justifican la inversión a corto plazo.

Además, el reciclaje de estas baterías es un proceso complejo. Aunque es técnicamente posible recuperar más del 95 % de los materiales críticos, no todos los componentes son económicamente viables de procesar. Algunos residuos acaban inevitablemente en vertederos o deben almacenarse de forma segura, generando nuevas preocupaciones ambientales.

Déficits estructurales en la gestión de residuos en Armenia

La falta de infraestructura adecuada se agrava por el estado general de la gestión de residuos en el país. Armenia genera alrededor de 700.000 toneladas de residuos domésticos al año, que terminan en más de 300 vertederos sin regulación ni sistemas de separación. La tasa de reciclaje sigue siendo baja, y el sistema depende en gran parte de iniciativas privadas y de trabajo informal.

En cuanto a los residuos peligrosos, la situación es aún más crítica. El país alberga sitios contaminados, como la planta Nairit y Vanadzor Kimprom, legados de la era soviética. Además, el único vertedero de residuos químicos, Nubarashen, está ubicado en una zona de alto riesgo de deslizamientos de tierra. En 2022, las autoridades identificaron casi 72.000 kg de residuos químicos peligrosos almacenados en diversas partes del país.

Regulación y proyectos en desarrollo

Como parte de sus compromisos con los Convenios de Basilea y Estocolmo, el gobierno ha comenzado a formular una legislación específica. Actualmente está en revisión un proyecto de ley para actualizar la Ley de Residuos, con el objetivo de alinearse con las directivas de la Unión Europea.

También se está redactando una ley sobre la gestión de baterías de iones de litio, como parte de una iniciativa del Banco Asiático de Desarrollo. Esta legislación formará parte de un sistema más amplio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obligará a los fabricantes a recoger y reciclar sus productos al final del ciclo de vida. Este sistema está siendo desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Centro Acopian para el Medio Ambiente de la Universidad Americana de Armenia, y con financiación del gobierno sueco.

Una medida ya aprobada prohíbe, desde el 1 de enero de 2025, la eliminación de residuos electrónicos y eléctricos en vertederos, con sanciones económicas para quienes incumplan la normativa.