Turquía investiga a más de 3 millones por terrorismo tras el golpe y supera el medio millón de condenas

Turquía vive una represión sin precedentes. Según datos del Ministerio de Justicia citados por el Centro de Estocolmo para la Libertad, 3.093.084 personas quedaron investigadas por delitos relacionados con terrorismo desde el intento de golpe de 2016. Además, 527.100 recibieron condenas. El abogado Levent Mazılıgüney compiló las cifras y dijo que “el problema es el uso político de definiciones vagas”.

La oposición alerta que el país entró en una fase de criminalización masiva. Gizem Özcan, legisladora del CHP, afirmó en el Parlamento que “Turquía trató como terroristas a más de 3 millones de personas, aunque en el mundo hay solo 300.000 sospechosos registrados”. Calificó la situación como “un clima de miedo creado por el poder político”.

El número de condenas se dispara tras el golpe de 2016

Las estadísticas muestran un salto brutal. Las condenas por delitos vinculados al terrorismo pasaron de 38.618 a 348.159 entre 2017 y 2022. Medios locales explican que esta expansión alcanzó a presuntos miembros del movimiento Gülen, a periodistas críticos, a activistas kurdos y a opositores.

El presidente Recep Tayyip Erdoğan intensificó la persecución después de las investigaciones por corrupción que lo involucraron en 2013. Su gobierno definió al movimiento Gülen como organización terrorista en 2016. Imputó a Fethullah Gülen por el intento de golpe, aunque el movimiento lo niega por completo.

Ser sospechoso deja cicatrices duraderas

Mazılıgüney advirtió que “las absoluciones no reparan nada”. Explicó que una acusación de terrorismo arruina empleos, autorizaciones de seguridad y vida social. “Un vínculo profesional común puede convertirse en evidencia”, dijo.

Tras el golpe fallido, el estado de emergencia duró hasta 2018. En ese período se expulsó a más de 130.000 empleados públicos, entre ellos 4.156 jueces y fiscales, y 24.000 militares. Los decretos permitieron expulsiones sin controles judiciales. A los despedidos se les impidió volver al sector público y obtener pasaporte para trabajar fuera del país.

Las ONG denuncian un marco legal que funciona como arma política

Organizaciones internacionales sostienen que Turquía usa su legislación antiterrorista como mecanismo de castigo. Advierten que miles enfrentan juicios por simples contactos sociales con el movimiento Gülen o por ejercer derechos básicos. Reclaman definiciones más claras en la Ley Antiterrorista (TMK) y en el Código Penal Turco.

Un informe reciente señala que estas normas “permiten que el gobierno adapte el sistema legal a sus necesidades políticas”. El ministro de Justicia Yılmaz Tunç evitó responder en el Parlamento.