Turquía califica a los cristianos como “amenaza a la seguridad nacional” para expulsarlos, alerta organización de derechos humanos

Turquía ha comenzado a deportar a cientos de cristianos extranjeros y a bloquear su regreso al país, etiquetándolos como amenazas para la seguridad nacional, según denunció la organización internacional ADF International ante la OSCE.

La abogada Lidia Rieder, oficial legal de ADF, aseguró durante la Conferencia sobre la Dimensión Humana en Varsovia que Ankara utiliza “códigos de seguridad interna” para justificar expulsiones arbitrarias que han dejado a las comunidades protestantes sin liderazgo pastoral.

Más de 350 cristianos deportados desde 2020

Desde 2020, al menos 200 trabajadores cristianos extranjeros y sus familias, unas 350 personas en total, han sido prohibidas de entrar o residir en Turquía mediante los códigos N-82 y G-87, según ADF International.

Estos códigos son emitidos por el Ministerio del Interior turco sin cargos ni pruebas de delito. La organización denuncia que el uso de estas medidas administrativas constituye una represión sistemática contra la libertad religiosa.

Muchos afectados proceden de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Corea del Sur, América Latina y Europa, y habían residido legalmente durante años sin antecedentes judiciales.

Un fallo judicial que expone a los cristianos

El Tribunal Constitucional de Turquía rechazó el 8 de junio una apelación presentada por nueve cristianos extranjeros afectados por el código N-82.
El tribunal publicó sus nombres, lo que llevó a que medios locales los etiquetaran como “misioneros” y “enemigos del Estado”.
En redes sociales, usuarios pidieron incluso la pena de muerte, calificando su eliminación como “deber religioso”.

ADF International advirtió que entre diciembre de 2024 y enero de 2025 se asignaron 35 nuevos códigos a residentes de larga data, acentuando el clima de hostilidad hacia las minorías cristianas.

Restricciones a la educación y culto protestante

La organización recordó que el histórico Seminario de Halki continúa cerrado desde 1971, los seminarios protestantes carecen de estatus legal y la enseñanza bíblica está prohibida, mientras la educación islámica sigue bajo control estatal.

Casos como el de la comunidad protestante de Bursa, que perdió acceso a su lugar de culto, ejemplifican el impacto directo de estas políticas.

Ataques y hostigamiento creciente

El Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos 2024 de la Asociación de Iglesias Protestantes de Turquía documenta un aumento del discurso de odio y la violencia contra los cristianos.
Entre los incidentes registrados figura un ataque armado en diciembre de 2024 contra el edificio de la Iglesia de la Salvación en Çekmeköy.

Ese mismo mes, una profesora cristiana de inglés en Malatya fue despedida sin explicación, luego de ser advertida por sus vínculos con extranjeros y comunidades religiosas.
En enero de 2024, el templo Eskişehir Salvation Church recibió disparos de bala, sin que la policía investigara el hecho.

Durante todo el año se reportaron vandalismo, amenazas y negación de permisos para celebrar Navidad y Pascua, así como campañas de odio en redes sociales.

Silencio oficial y presión internacional

El gobierno de Recep Tayyip Erdoğan no ha respondido a los señalamientos de ADF International ni a los reclamos de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde ya se tramita el caso Wiest vs. Türkiye, de un ciudadano estadounidense residente en el país durante más de 30 años que fue bloqueado sin explicación.

ADF International asegura que más de 30 demandas similares están en curso ante tribunales turcos y europeos.