
Rusia presenta la ofensiva de 2023 como “rescate”. Más de cien mil desplazados recuerdan otra historia. Stepanakert guarda silencio. Ese silencio pesa. La memoria exige hablar. La política calla. El conflicto continúa en la narrativa.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicó un comunicado en el quinto aniversario del fin de la guerra de 44 días. El texto presenta la ofensiva del 19 de septiembre de 2023 contra Artsaj como una “reanudación de batallas”, sin reconocer el carácter militar y coercitivo de la operación de Azerbaiyán en Stepanakert y sus alrededores.
El documento ruso afirma que el contingente de paz “acogió a cinco mil personas y garantizó el traslado seguro de civiles a Armenia”. Sin embargo, más de cien mil habitantes fueron desplazados de forma forzada. La mayoría salió sin protección, bajo amenaza y presión militar directa.
En palabras de analistas locales, la versión rusa “reduce la deportación masiva a un episodio controlado”, y omite testimonios y registros sobre personas retenidas, separadas de sus familias o entregadas a servicios especiales de Bakú.

El uso del término “rescate” busca presentar a Moscú como garante humanitario. Pero fuentes en Artsaj recuerdan escenas del aeropuerto de Stepanakert, donde miles esperaban protección. Muchos debieron huir por su cuenta, tras recibir órdenes confusas o contradictorias de los militares rusos en el terreno.
Los hechos registrados muestran desplazamientos acelerados, riesgo permanente y abandono. La población civil percibió ausencia de garantías y una retirada que dejó a comunidades enteras expuestas.
La crítica se intensifica por la reacción —o la falta de ella— de las figuras políticas que encabezaron la administración de Artsaj antes y durante la caída. Voces que cuestionaron al gobierno de Ereván y a Nikol Pashinián hoy guardan silencio ante el documento del Ministerio de Exteriores ruso y la narrativa defendida por Serguéi Lavrov.
Ese silencio se interpreta como alineamiento, temor o cálculo. Para sectores del pueblo desplazado, se trata de una falta grave de responsabilidad histórica ante la memoria de las víctimas y la pérdida del territorio.
Organizaciones civiles y desplazados sostienen que la reconstrucción de la verdad debe comenzar con una declaración pública clara. Exigen rechazar la versión rusa de los hechos y reconocer la magnitud completa del desplazamiento.
La presión social crece. El silencio de Stepanakert puede transformarse en ruptura si la exigencia colectiva se vuelve un reclamo político articulado.






