Informe sobre la Sociedad Civil en Armenia 2025 señala retroceso en derechos digitales y libertad de expresión

El Centro Anticorrupción de Transparencia Internacional presentó el “CSO Gauge 2025”, un informe que analiza el entorno de la sociedad civil en Armenia. El documento muestra que, pese a ciertos avances normativos, en 2025 surgieron retrocesos en libertad de expresión, derecho a la privacidad y derechos digitales. “Seguimos tendencias que requieren mejoras urgentes”, afirmó Sona Ayvazyan, directora ejecutiva de TIAC, al abrir el evento.

La UE y el Gobierno valoran las reformas, pero admiten desafíos

En el acto participaron Vaclav Shterba, de la Delegación de la Unión Europea, Lilia Afrikyan, de la Oficina del Primer Ministro, y Emina Nuredinoska, especialista jurídica del programa. “El diálogo estructurado necesita bases sólidas”, señaló Afrikyan, quien defendió la creación del departamento de gobernanza participativa para impulsar nuevas metodologías y fortalecer la cooperación con las OSC.

Un año con reformas puntuales y deterioros sensibles

El estudio revela que la calificación general del entorno de las OSC no cambió frente a 2024, aunque tres áreas tuvieron puntuaciones menores. TIAC subrayó que persisten los mismos desafíos estructurales. A nivel normativo surgieron avances que amplían la participación cívica, pero la ausencia de mecanismos institucionales en el Parlamento para involucrar a las organizaciones en etapas tempranas del diseño de leyes limita ese progreso.

La sostenibilidad financiera se hunde por falta de incentivos y caída de fondos

El informe destaca que la crisis financiera del sector se agravó por la ausencia de estímulos legales que diversifiquen recursos, la falta de apoyo estatal y el recorte de la cooperación internacional. La suspensión de la ayuda de Estados Unidos y la reducción de donantes profundizó la vulnerabilidad operativa de muchas organizaciones.

Libertad de expresión y privacidad: dos áreas en alerta roja

La polarización política incrementó la presión sobre periodistas y generó procesos penales que afectan la libertad de expresión. “La situación se mantuvo tensa durante todo el año”, señaló el equipo de TIAC. También crecieron las violaciones de privacidad, filtraciones de escuchas y vigilancia policial, sin una supervisión pública que brinde garantías efectivas. Las enmiendas a la Ley de Policía, que amplían el uso de videovigilancia, levantaron preocupación por sus capacidades de identificación y por el riesgo de abusos.

El informe abre un nuevo debate sobre transparencia y participación legislativa

Participantes del evento plantearon dudas sobre los procesos de selección de los consejos públicos, reclamaron mayor transparencia en el apoyo estatal e insistieron en que las OSC deben participar desde el principio en el diseño de políticas. El proyecto “CSO Measurer in Action”, financiado por la UE y desarrollado junto con ECNL y socios regionales, publica cada año estos análisis desde 2019.