La imposibilidad del “renacimiento”: por qué el movimiento de Karabaj pertenece al pasado. Por Klaus Lange Hazarian

Últimamente, muchas críticas ha recibido Nikol Pashinyan por sus declaraciones acerca de que el “renacimiento del movimiento de Karabaj” en la Armenia actual es sencillamente imposible. Como suele ocurrir en nuestro volátil debate público, la reacción ha sido más emocional que reflexiva. Pocos se han tomado la molestia de analizar con seriedad lo que realmente implican esas palabras. Y es una lástima, porque comprender la esencia de esta afirmación nos obliga a enfrentar verdades incómodas sobre nuestro presente.

Hablemos con claridad: el movimiento de Karabaj no fue un fenómeno abstracto ni atemporal. Surgió en un momento histórico muy concreto —finales de los años ochenta— y dentro de una realidad política y jurídica específica que ya no existe. Me explico.

En aquel entonces, existía la Unión Soviética. Por más que hoy nos parezca lejano, era un estado federal, con mecanismos constitucionales que permitían, al menos en teoría, la redistribución de territorios entre repúblicas. Había precedentes: la transferencia de Crimea en 1954 de la RSFSR a la RSS de Ucrania demostraba que, dentro del marco soviético, las fronteras administrativas podían modificarse. Por eso, cuando el movimiento karabají surgió, la aspiración no era crear un nuevo estado independiente ni alterar fronteras internacionales, sino reasignar territorios dentro de un mismo país: la URSS.

Es crucial entender esto: se hablaba de pasar de una república soviética a otra, no de independizarse o de modificar fronteras reconocidas internacionalmente. La diferencia no es menor.

Ahora bien, repasemos el mecanismo constitucional soviético. La norma establecía que el cambio de fronteras entre repúblicas requería tres elementos: la voluntad del territorio en cuestión (Nagorno-Karabaj declarando su deseo de separarse de la RSS de Azerbaiyán), el consentimiento de la república receptora (la RSS de Armenia aceptándolo), y la aprobación final del Soviet Supremo de la URSS.

Y aquí viene el detalle que muchos omiten: ni la RSS de Azerbaiyán dio su consentimiento, ni las autoridades soviéticas aprobaron jamás la transferencia. Sin esas dos condiciones, el mecanismo sencillamente no funcionaba. Por eso, la famosa decisión conjunta del 1 de diciembre de 1989 entre la RSS de Armenia y Nagorno-Karabaj —esa que hoy algunos quieren revivir como mandato constitucional— no pasó de ser una declaración política. Nunca se convirtió en ley soviética vigente.

Pero el problema de fondo es otro, y mucho más grave para quienes añoran aquellos tiempos.

La URSS desapareció. Lo que antes era una reconfiguración dentro de un mismo estado federal, hoy implica la modificación de fronteras entre dos estados soberanos reconocidos internacionalmente: Armenia y Azerbaiyán. Pretender que la lógica de 1989 sigue vigente en 2025 es como intentar usar un mapa de la Unión Soviética para orientarse en el Cáucaso actual. Sencillamente, el territorio ha cambiado, y con él, las reglas del juego.

La base jurídica y política que dio origen al movimiento de Karabaj se ha esfumado. Y no solo eso: dentro de la propia Armenia actual no existe la misma demanda social, ni la misma coyuntura histórica, ni las mismas condiciones que hicieron posible aquel despertar nacional de finales de los ochenta. Pretender lo contrario es negar la evidencia.

Pero hay quien insiste en aferrarse a argumentos constitucionales para mantener viva la llama. Se dice que la Constitución armenia consagra el vínculo con Karabaj. ¿De verdad? Vayamos al texto, porque las lecturas selectivas suelen ocultar más de lo que revelan.

En el preámbulo de nuestra Constitución, la palabra “Karabaj” no aparece por ningún lado. Lo que dice es que el pueblo armenio adopta la Constitución basándose en la Declaración de Independencia del 23 de agosto de 1990. Y es en esa Declaración donde encontramos, en su punto 11, una referencia a la decisión del 1 de diciembre de 1989 sobre la “reunificación” entre la RSS de Armenia y Nagorno-Karabaj.

La estructura es, por tanto, indirecta: la Constitución remite a la Declaración, y la Declaración menciona Karabaj. Pero la palabra en sí no forma parte del texto constitucional.

Esto nos lleva a la pregunta clave, esa que nuestros juristas y políticos deberían responder sin ambages: ¿la referencia a la Declaración en el preámbulo incorpora automáticamente todas sus disposiciones al texto constitucional, o se trata simplemente de un reconocimiento histórico-político de los fundamentos de nuestra estatalidad?

No es una cuestión menor. De la respuesta depende nada menos que la interpretación de nuestra relación constitucional con el problema de Karabaj. Y sin embargo, el debate público rara vez alcanza esta profundidad. Preferimos la consigna fácil, el eslogan movilizador, la promesa de un renacimiento imposible.

Porque seamos honestos: para comprender el presente, necesitamos mirar con valentía la distancia que separa las épocas. El movimiento de Karabaj fue hijo de su tiempo: un estado federal en crisis, un marco constitucional que ofrecía rendijas por las que colar aspiraciones nacionales, y una URSS que agonizaba sin saber muy bien cómo gestionar sus propias contradicciones.

Hoy vivimos en otro mundo. Un mundo de estados soberanos, con fronteras reconocidas, con equilibrios geopolíticos radicalmente distintos. Insistir en que aquel movimiento puede “renacer” es negar no solo la desaparición de la URSS, sino también la transformación profunda de nuestra propia sociedad y de nuestras posibilidades reales como país.

No se trata de traicionar ideales ni de olvidar la historia. Se trata de entenderla para no quedar atrapados en ella. Porque el pasado, por muy glorioso que haya sido, no puede convertirse en una prisión que nos impida ver el presente tal como es.

Y el presente nos dice, con toda su crudeza, que el “renacimiento del movimiento de Karabaj” no es solo improbable: es directamente inviable. Aceptarlo no es derrotismo. Es, sencillamente, madurez política.