Propiedades de exfuncionarios en la costa del Sevan serán demolidas, afirma la fiscal general

La fiscal general Anna Vardapetyan anunció que varias propiedades ilegales levantadas por exfuncionarios y actuales figuras públicas en las orillas del lago Sevan serán demolidas o ya fueron devueltas al Estado. Durante la sesión de gobierno del 11 de diciembre, Vardapetyan afirmó que “deben ser arrasadas para demostrar que este comportamiento nunca será aceptable”.

Entre los inmuebles sujetos a demolición se encuentra el complejo Harsnakar, ligado al exjefe de la FFA, Ruben Hayrapetyan, además de casas privadas del exjefe policial Vladimir Gasparyan, del presidente del ECM Sasun Mikayelyan y de Norayr Panosyan, ahijado del expresidente del CC. La fiscal aseguró que los contratos “no se firmaron directamente con ellos, sino con madres, suegras o sociedades vinculadas”.

Recuperación de tierras y fallos judiciales

El Estado ya recuperó 1,5 hectáreas en la carretera Sevan-Gavar, tras confirmarse que la parcela tenía derechos de desarrollo asignados irregularmente. La sentencia de julio de 2025 anuló el registro estatal y devolvió la superficie al Parque Nacional Sevan, integrado en el SNOC. La fiscalía también avanza para anular contratos, revertir cesiones y desmantelar edificaciones levantadas sin permisos.

Los estudios técnicos revelaron múltiples violaciones: desde ventas de derechos sobre terrenos donde ya existían construcciones sin autorización, hasta contratos firmados sin licitación válida. En un caso, el arrendatario acumuló una deuda de 34,6 millones de drams en alquiler no pagado. En otro, una vivienda privada ocupaba tres veces el terreno permitido dentro de la zona protegida.

Demoliciones en marcha y advertencia estatal

Vardapetyan detalló que ya se demolieron edificaciones en tres parcelas y existen 23 órdenes de demolición adicionales. En total, la fiscalía evalúa 34 terrenos con construcciones ilegales bajo la cota protegida del Sevan. En paralelo, se abren procesos penales y administrativos para revertir décadas de ocupación irregular.

La fiscal destacó que algunas construcciones podrían destinarse a usos públicos, dado su potencial educativo, sanitario o económico, siempre bajo control estatal.