Rusia avanza hacia una nacionalización silenciosa: la propiedad empresarial en la mira del poder

La Federación Rusa vive una nueva ola de nacionalizaciones, más sutil que las expropiaciones masivas de otras épocas, pero no por eso menos efectivas. Esta vez, los focos apuntan a los oligarcas. Con un discurso que mezcla crisis económica, justicia social y retórica patriótica, la elite política de Rusia parece decidida a redibujar el mapa de la propiedad empresarial en el país con una nacionalización silenciosa.

Nikolai Arefyev, diputado del Partido Comunista y vicepresidente del Comité de Política Económica de la Duma Estatal, lanzó una propuesta que resonó en los círculos de poder: nacionalizar los activos de los multimillonarios rusos como medida de emergencia para “resolver los problemas económicos del país”.

“Si nacionalizamos las fuentes de ingresos de la élite oligárquica, este dinero será suficiente para estabilizar la economía”, afirmó Arefyev en declaraciones recientes.

Y no es una idea menor. Según el diputado, solo en 2024 los oligarcas sumaron más de 25.000 millones de dólares en ganancias. Las cifras que manejan algunos analistas son aún más contundentes: la fortuna acumulada de los 146 multimillonarios más ricos de Rusia asciende a 625.500 millones de dólares, casi equivalente a las reservas de oro y divisas del Banco Central ruso.

La retórica comunista se alinea con la praxis del Kremlin

La propuesta de Arefyev suena como una vuelta al lenguaje clásico del comunismo ruso: hablar de “el pueblo”, de “justicia social”, de “riqueza mal habida”. Pero esta vez, el discurso no incomoda al poder, porque la nacionalización ya está en marcha, aunque se disfrace de medidas judiciales o administrativas.

Desde hace al menos tres años, el Kremlin ha avanzado con confiscaciones, detenciones y reestructuraciones de activos que afectan directamente a las principales fortunas del país. En la mayoría de los casos, los argumentos públicos son la lucha contra el fraude, delitos económicos o evasión fiscal. Pero el patrón se repite: los activos terminan bajo control estatal o de grupos afines al poder.

Oligarcas caídos en desgracia: una purga selectiva

Los casos más resonantes no son pocos, y van en aumento:

Konstantin Strukov, magnate del oro, perdió Yuzhuralzoloto.
Vadim Moshkovich, fundador de Rusagro, fue arrestado en marzo de 2025 y está siendo investigado.
Ziyavudin Magomedov, del Grupo Summa, cumple 19 años de prisión desde 2023; su emporio fue absorbido por el Estado.
Mikhail Abyzov, exministro y símbolo del ala “tecnocrática” de Medvedev, recibió 22 años de cárcel y la confiscación total de sus bienes.
Dmitry Mazepin, de Uralkali y Uralchem, fue desplazado en 2022; sus activos pasaron al control del VTB y del Ministerio de Industria.
Gleb Frank, figura clave en el mercado pesquero, fue desplazado en 2023.
Albert Avdolyan, del sector energético, también perdió sus principales inversiones.

Otros nombres aún poderosos, como Andrey Melnichenko, Oleg Deripaska o Vladimir Yevtushenkov, han sido excluidos de sectores clave. La lógica se impone: donde el Estado ve áreas estratégicas, los privados retroceden.

Del fraude a la redistribución planificada

Formalmente, las acciones se justifican con el discurso de legalidad: “lucha contra el fraude”, “restauración de la justicia”. Sin embargo, la narrativa pública ha cambiado. La idea de que los oligarcas “parasitaban”, “vivían a costa del pueblo” o “acumularon fortunas injustamente” ha regresado al discurso oficial, como en los años 90.

La nacionalización ya no se presenta como una excepción, sino como una respuesta planificada a un contexto de crisis interna, sanciones internacionales y necesidad de recursos fiscales. Para muchos dentro del sistema, los multimillonarios son ahora el fondo de emergencia del Estado ruso.

¿Redistribución o centralización?

Lo que está ocurriendo en Rusia no es solo una ofensiva contra los oligarcas, sino una reconcentración del poder económico en manos de estructuras estatales o paraestatales leales al Kremlin. Si en los años 90 se construyó una economía controlada por clanes empresariales independientes, hoy esos clanes se subordinan al aparato de poder político.

La narrativa comunista ofrece el marco ideológico para legitimar el proceso. Arefyev dice lo que un comunista debe decir. Pero Putin hace lo que el sistema necesita hacer: garantizar que la riqueza estratégica no escape al control del centro.