
📰 Periodismo bajo juicio. El caso Tughce Yilmaz expone cómo Turquía sigue criminalizando la memoria armenia y la libertad de prensa. ⚖️ Genocidio armenio
El juicio contra la periodista turca Tughce Yilmaz, acusada de “insultar a la nación turca” por entrevistar a jóvenes armenios en Turquía, expone una vez más los límites reales de la libertad de prensa en el país. El proceso comenzó el 3 de diciembre de 2025 y fue aplazado hasta abril de 2026, una decisión que refuerza la presión judicial contra periodistas y minorías.
Yilmaz, colaboradora del medio independiente Bianet, enfrenta cargos bajo el artículo 301 del Código Penal turco. La acusación se basa en una entrevista publicada el 24 de abril de 2024, día de conmemoración del genocidio armenio.
El artículo recogía los testimonios de Aren y Zepyur, dos jóvenes armenios de Estambul. Aren relató cómo ocultó su identidad durante la infancia y el servicio militar. “Mi comandante dijo: ‘Si los hubiéramos matado, ustedes no estarían aquí’”, recordó.

Zepyur vinculó su historia familiar con la resistencia del Monte Musa de 1915 y con las deportaciones de Dersim de 1938. Ambos describieron el 24 de abril como un “luto sin fin”.
La causa se inició tras una denuncia anónima ante el sistema presidencial CİMER. Yilmaz fue detenida tras ser identificada por reconocimiento facial. Pasó una noche arrestada sin conocer los cargos.
Ante el tribunal, la periodista fue clara. “El artículo se compone exclusivamente de las palabras de los entrevistados. Rechazo las acusaciones”, declaró. También advirtió que una condena enviaría “un mensaje aterrador a la prensa”.
Durante la audiencia, Yilmaz comparó su caso con el de Hrant Dink, periodista armenio condenado por el mismo artículo y asesinado en 2007. La referencia reavivó el miedo histórico dentro de la comunidad armenia.
Para los armenios en Turquía, el juicio no es solo legal. Es identitario. “Expresar nuestro dolor sigue siendo peligroso”, dijeron los jóvenes entrevistados.
El proceso se reanudará el 21 de abril de 2026. Hasta entonces, organizaciones de derechos humanos y comunidades de la diáspora pueden amplificar el caso, exigir observación internacional y sostener la presión diplomática.
El juicio a Yilmaz confirma una realidad persistente: en Turquía, hablar del genocidio armenio sigue siendo un acto castigado.






