
La Ombudsman de Armenia de los Derechos Humanos Anahit Manasyan, con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, recordó que Azerbaiyán sigue una política de torturar a los armenios detenidos en Bakú.
La Ombudsman de Armenia de los Derechos Humanos Anahit Manasyan, con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, recordó que Azerbaiyán sigue una política de torturar a los armenios detenidos en Bakú.
“El 26 de junio se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la ONU.
La tortura continúa siendo un desafío para el orden jurídico internacional y la lucha colectiva de los Estados para prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad. Ninguna circunstancia, incluida la guerra o la amenaza de guerra, la inestabilidad política interna u otra emergencia, puede justificar la tortura.
Desafortunadamente, este tipo de delito está muy extendido en varios países, a pesar de que está tipificado como delito.

Me gustaría referirme específicamente a la política de las autoridades de Azerbaiyán, en particular, con respecto a la tortura y el trato inhumano de los prisioneros de guerra armenios y los civiles detenidos en este país. Esta circunstancia debe recibir una valoración específica.
En los informes anuales y extraordinarios, el Defensor del Pueblo siempre ha destacado las deficiencias del mecanismo de reparación del daño moral causado por la violación de los derechos humanos fundamentales. Son particularmente notorios en la ausencia de mecanismos para reparar el daño moral causado como resultado de tratos o penas inhumanos o degradantes.
A pesar de las gestiones realizadas para mejorar el ámbito, la Defensoría del Pueblo continúa recibiendo denuncias y señalamientos sobre presuntos casos de tortura en instituciones penitenciarias, policías y órganos de investigación.
El Defensor considera alarmante esta circunstancia y destaca que debe excluirse cualquier manifestación de tortura y malos tratos.

Además, el Estado debe tomar medidas claras para responder rápida y adecuadamente a los casos de tortura, garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos de los perpetradores y prevenirlos. Cualquier otro comportamiento distorsionará todos los valores inherentes al estado de derecho.
También es necesario trabajar para prestar asistencia a los supervivientes de la tortura y sus familias, incluso mediante la prestación de servicios individuales de rehabilitación psicológica, médica y social.
La Defensoría de los Derechos Humanos, como mecanismo nacional para la prevención de la tortura, trata todos los días de crear en nuestra república un ambiente en el que se excluya la tortura y los tratos inhumanos”.






