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La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la Comisaria de Ampliación, Marta Khos, emitieron una declaración conjunta en la que condenan la recién aprobada ley de «agentes extranjeros» en Georgia, comparándola con medidas represivas que amenazan la libertad de expresión y el proceso de adhesión a Europa.
El texto, difundido este martes, señala que la normativa —impulsada por el partido gobernante Sueño Georgiano— representa «un grave revés para la democracia» y forma parte de una «acción agresiva para reprimir el disenso, restringir libertades y reducir el espacio de la sociedad civil». La ley, que entró en vigor el 31 de mayo, obliga a organizaciones y medios que reciban más del 20% de financiación extranjera a registrarse como «agentes de influencia extranjera», bajo riesgo de multas o hasta 5 años de prisión.
¿Por qué la UE considera la ley una amenaza para Georgia?
Expertos y diplomáticos europeos coinciden en que la legislación, aunque inspirada en la Ley FARA de EE.UU., se aplica en Georgia con un enfoque represivo. Tamta Mikeladze, analista georgiana, denuncia que la Oficina Anticorrupción —encargada de su implementación— opera «al margen del marco legal, convirtiéndose en una fuerza policial contra la sociedad civil».
La declaración de la UE advierte que estas medidas «ponen en peligro el camino de Georgia hacia la adhesión europea», recordando que el Consejo Europeo ya había señalado en 2024 que tales acciones contradicen los valores democráticos. «El proceso de adhesión está paralizado de facto», subraya el comunicado, exigiendo la liberación de «periodistas, activistas y manifestantes detenidos injustamente».
Reacciones internacionales y presión diplomática
La condena europea ha sido respaldada por países como Estonia, Suecia, Francia y Dinamarca. El ministro estonio Margus Tsahkna compartió en redes sociales: «Esta ley busca silenciar voces independientes. Apoyamos a la valiente sociedad civil georgiana».
Mientras, el gobierno georgiano insiste en que la normativa «protege la soberanía nacional». Sin embargo, críticos señalan que su verdadero objetivo es debilitar a ONGs y medios críticos, siguiendo el modelo de leyes similares en Rusia y Hungría.
¿Qué sigue para Georgia?
La UE dejó claro que solo reconsiderará la adhesión si Georgia «revierte el retroceso democrático». Pero con elecciones clave en 2024, el escenario es incierto. «La responsabilidad es enteramente de las autoridades georgianas», remata el comunicado.
Mientras, las protestas en Tiflis continúan, y la sociedad civil exige al gobierno alinearse con Europa, no con el autoritarismo.
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