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En un movimiento que ha generado controversia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso sanciones económicas y de viaje al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y a otros miembros del tribunal. Esta decisión, anunciada el 8 de febrero de 2025, es una respuesta directa a las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Las sanciones y su contexto
Según informó Reuters, las sanciones incluyen la congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de entrada al país para Khan y sus familiares. La orden ejecutiva de Trump también exige al secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentar una lista de personas sancionadas en un plazo de 60 días.
Estas medidas se producen después de que la CPI acusara a Netanyahu y Gallant de cometer crímenes de guerra contra los palestinos en Gaza, incluyendo el intento de matar de hambre a civiles. La guerra en Gaza ha dejado un saldo devastador, con al menos 47.000 muertos, según las autoridades sanitarias locales, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a casi 200.000.
Netanyahu celebró la decisión de Trump, calificando a la CPI como una organización «escandalosa» que «amenaza el derecho de todas las democracias a defenderse». Por su parte, la CPI condenó las sanciones y reiteró su compromiso de «brindar justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo».
La CPI y su papel en el derecho internacional
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, tiene jurisdicción para juzgar genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en los Estados miembros o en casos remitidos por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Israel reconocen su autoridad, lo que ha generado tensiones recurrentes.
Casi 80 países han expresado su preocupación por las sanciones, advirtiendo que podrían «aumentar el riesgo de impunidad para los crímenes más graves y erosionar el estado de derecho internacional». En un comunicado conjunto, estos países señalaron que las sanciones podrían obligar a la CPI a cerrar sus oficinas en el terreno, debilitando gravemente sus investigaciones.
Amenazas y defensa de la justicia internacional
En septiembre de 2024, Karim Khan denunció que los funcionarios de la CPI estaban recibiendo amenazas personales de partidarios de Rusia e Israel. «Si permitimos este tipo de ataques… para desmantelar o erosionar las instituciones legales construidas desde la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien cree que terminaremos con la CPI?», advirtió Khan.
El fiscal jefe subrayó la importancia de defender los principios del derecho internacional: «Es mejor para el país y para el mundo, casi invariablemente, tener el coraje de defender los principios en lugar de la conveniencia».
Implicaciones globales
Las sanciones de Estados Unidos contra la CPI representan un desafío significativo para el sistema de justicia internacional. Este movimiento no solo afecta la capacidad del tribunal para investigar crímenes de guerra, sino que también envía un mensaje preocupante sobre la impunidad de los líderes políticos.
Mientras la comunidad internacional debate el futuro de la CPI, el caso de Karim Khan y las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant siguen siendo un recordatorio de la compleja intersección entre la política, la justicia y los derechos humanos.
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