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En un giro histórico en la política deportiva estadounidense el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) anunció oficialmente la prohibición de que hombres biológicos compitan en categorías femeninas, en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 14201 firmada en febrero de 2025 por el presidente Donald Trump.
La decisión: una cuestión legal, no ideológica
Los directivos del USOPC, Sarah Hirshland y Gene Sykes, comunicaron la actualización a los atletas de Team USA y a sus federaciones, afirmando que, como entidad constituida por carta federal, están obligados a seguir las directrices del gobierno estadounidense. “Nuestro marco estatutario nos exige cumplir con las expectativas establecidas por el gobierno”, se lee en la carta interna, que remite al Ted Stevens Olympic and Amateur Sports Act como fundamento legal.
La decisión se materializa en la nueva Política de Seguridad del Atleta, donde se especifica que todos los organismos rectores del deporte en Estados Unidos deberán ajustar sus normas de elegibilidad. Esto abarca disciplinas como natación, atletismo, fútbol y más. Si bien la orden no modifica directamente las regulaciones del Comité Olímpico Internacional (COI) ni del Comité Paralímpico Internacional (CPI), ejerce presión sobre la estructura deportiva nacional para alinearse o enfrentar consecuencias legales.
Rebeldía en California: conflicto institucional
El anuncio federal ya ha encendido el primer conflicto abierto con las autoridades del estado de California. El Departamento de Educación estatal y la Federación Interescolar de California (CIF) se negaron a aplicar la orden presidencial, permitiendo aún la participación de atletas transgénero en categorías femeninas. Esta resistencia ha generado una advertencia legal de la secretaria de Educación de EE. UU., Linda McMahon, quien amenazó con emprender acciones judiciales contra el estado y el gobernador Gavin Newsom.
Impacto inmediato y debate en ascenso
Los primeros efectos se reflejan en cambios administrativos: revisión de normativas, actualización de criterios de elegibilidad y chequeos de cumplimiento. Pero el trasfondo del conflicto va mucho más allá: la confrontación entre derechos civiles y la protección del deporte femenino se intensifica.
Los críticos de la medida acusan a la administración Trump de discriminación contra las personas transgénero y advierten sobre posibles violaciones de derechos. Los defensores, en cambio, celebran la norma como un acto “de justicia para las mujeres”, destinado a garantizar equidad e integridad en la competencia.
Para el USOPC, el mensaje es claro: se trata de cumplimiento normativo, no de posicionamiento político. Pero es innegable que la decisión reconfigura el marco legal del deporte en EE. UU. y podría influir en futuras decisiones judiciales y políticas públicas.
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