Milkes Malakkian
Nueva oleada de represión con alcaldes opositores arrestados en Turquía continúa en expansión. Este sábado, Abdurrahman Tutdere, alcalde de Adaman, y Zeidan Karalar, alcalde de Adana, fueron arrestados en operaciones simultáneas ordenadas por la Fiscalía General de Estambul. Ambos dirigentes son miembros del Partido Democrático (DPP), principal fuerza opositora al presidente Recep Tayyip Erdoğan.
Ya son cinco los jefes municipales de la oposición detenidos en una semana; se agrava la persecución al Partido Democrático (DPP)
Los arrestos se producen cuatro meses después del encarcelamiento del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, considerado el principal adversario político de Erdoğan. Con estos nuevos casos, ya suman cinco los alcaldes detenidos solo en la última semana, marcando una escalada en la ofensiva judicial contra líderes municipales opositores.
Acusaciones genéricas y silencio oficial
Según la Agencia Anadolu, los alcaldes están siendo investigados por presunta participación en redes de delincuencia organizada, corrupción y manipulación de concursos públicos, aunque los cargos específicos no han sido revelados. Tutdere fue detenido en su residencia en Ankara y trasladado a Estambul. En redes sociales, escribió: “Estoy en camino a Estambul. No temo. No retrocedo”.
El operativo incluye a otras diez personas detenidas, presuntamente funcionarios vinculados a los municipios gobernados por el DPP. En la misma línea, esta semana fue arrestado el exalcalde de Izmir, Tunç Soyer, junto a 137 empleados del ayuntamiento, bajo acusaciones similares. Soyer, que había denunciado presiones judiciales en meses anteriores, fue encarcelado junto a 59 de los detenidos, en lo que su defensa calificó como una «decisión políticamente motivada y jurídicamente insostenible».
También el viernes, el alcalde de Manavgat, en la región turística de Antalya, fue arrestado junto a otras 34 personas, en un nuevo caso de supuesto fraude administrativo.
Un patrón sistemático de persecución política
Los analistas coinciden en que esta nueva serie de arrestos responde a una estrategia centralizada desde Ankara para neutralizar al liderazgo local opositor, sobre todo en grandes ciudades donde el oficialismo sufrió derrotas electorales en los últimos años.
El caso más emblemático sigue siendo el de Ekrem İmamoğlu, encarcelado desde marzo, cuyo proceso judicial por corrupción ha sido calificado por organizaciones internacionales como una clara violación de los principios del debido proceso y una maniobra para impedir su candidatura presidencial.
El Partido Democrático ha denunciado que el gobierno está “instrumentalizando al poder judicial para desmantelar los municipios que no controla”, y ha exigido la liberación inmediata de sus dirigentes. La oposición turca teme que esta ola represiva se intensifique de cara a las elecciones locales previstas para 2026.
Reacciones internacionales limitadas
Pese a la gravedad del caso, la comunidad internacional ha reaccionado con cautela. Fuentes diplomáticas europeas consultadas reconocen su preocupación, pero admiten que las tensiones geopolíticas actuales, especialmente la guerra en Ucrania y la mediación turca en el Cáucaso, han reducido el margen para presionar a Ankara en materia de derechos humanos y democracia.
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