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La situación de los derechos humanos en Azerbaiyán ha llegado a un punto crítico, según denuncia Amnistía Internacional, debido a la represión de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Este contexto se agrava ante la próxima Cumbre de la COP-29, que Azerbaiyán albergará en diciembre de 2023, y la creciente persecución de activistas climáticos y periodistas independientes en el país.
Represión y censura en Azerbaiyán
Azerbaiyán enfrenta una situación alarmante en cuanto a los derechos humanos, marcada por una represión sistemática de las voces críticas. Las protestas pacíficas, incluyendo aquellas organizadas por grupos ecologistas, son reprimidas con frecuencia mediante el uso de violencia. Según datos de organizaciones no gubernamentales locales, más de 300 personas están encarceladas por motivos políticos. A los medios de comunicación independientes se les dificulta operar debido a leyes restrictivas y la constante amenaza de procesamiento judicial, lo cual limita severamente el acceso a información objetiva y crítica sobre las políticas del gobierno.
La tortura y otros abusos son comunes en las prisiones azerbaiyanas, y el sistema judicial, que debería servir para proteger los derechos de los ciudadanos, actúa con impunidad frente a los abusos cometidos por las autoridades. Este entorno hostil crea un vacío donde solo subsisten organizaciones no gubernamentales controladas por el Estado (GONGO), que no representan realmente la independencia de la sociedad civil y que limitan la participación de voces críticas en el país.
Activismo ambiental silenciado
Azerbaiyán se encuentra bajo el escrutinio internacional desde que fue elegido como país anfitrión de la COP-29. La cumbre, en teoría, debe ser un espacio para que la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos debatan sobre justicia climática. Sin embargo, este año, el país ha intensificado la persecución de activistas y periodistas independientes.
Uno de los casos más notorios es el de Anar Mammadli, un activista climático y defensor de los derechos humanos arrestado en abril de 2024 bajo cargos de «contrabando» que sus colegas consideran falsos y políticamente motivados. Mammadli, reconocido por su labor en vincular los derechos humanos con la justicia climática, ha abogado por la acción climática en la Unión Europea y las Naciones Unidas, denunciando la falta de libertad en Azerbaiyán y su impacto en el activismo ambiental. Actualmente, se encuentra en prisión sin acceso adecuado a atención médica y podría enfrentar una condena prolongada.
El papel de la COP-29 en el contexto de derechos humanos
La celebración de la COP-29 en Azerbaiyán ha generado preocupación entre organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, que temen que el espacio cívico esté controlado y manipulado. Esto limita la participación de la sociedad civil local y, en su lugar, se permite la asistencia de cabilderos de las industrias de los combustibles fósiles, un conflicto de intereses que ha sido objeto de críticas en otras cumbres climáticas. Se espera la presencia de ejecutivos de grandes empresas petroleras como Shell y BP, quienes han utilizado estos eventos para promover medidas insuficientes para la transición energética.
Amnistía Internacional ha solicitado a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y al gobierno de Azerbaiyán que adopten políticas estrictas para evitar que los intereses de los combustibles fósiles interfieran con los objetivos climáticos. Además, insta a los organizadores de la COP-29 a proteger los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Economía de Azerbaiyán y su impacto en la justicia climática
La economía de Azerbaiyán depende en gran medida de la producción de combustibles fósiles, con la empresa estatal SOCAR generando una gran parte de los ingresos. Sin embargo, los compromisos de Azerbaiyán en virtud del Acuerdo de París exigen una transición hacia energías más sostenibles. A pesar de esto, el presidente Ilham Aliyev anunció a principios de año planes para incrementar la producción de gas, lo que contradice las metas climáticas internacionales y pone en duda el compromiso del país con la justicia climática.
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