A medida que se acerca la fecha prevista para la manifestación nacional del 12 de julio, crece la tensión entre los refugiados de Nagorno-Karabaj desplazados a Armenia quienes critican la lentitud del movimiento y advierten que la situación humanitaria ya no puede esperar. “A partir del 1 de julio, muchas familias quedarán en la calle”, declaró Zoya Gasparyan, desplazada desde Stepanakert.
El Consejo para la Protección de los Derechos de los Ciudadanos de Nagorno-Karabaj, que organiza la protesta, convocó a una marcha y concentración masiva el 12 de julio, apelando a todas las fuerzas políticas y religiosas para que respalden el reclamo de los refugiados. La fecha ha sido cuestionada por sectores de la propia comunidad karabají, que consideran que “la fase crítica ya ha comenzado”.
Ayudas sociales recortadas, refugiados al límite
Hasta junio, los refugiados de Karabaj recibían 40 mil drams mensuales para vivienda (aproximadamente 103 dólares) y 10 mil drams para servicios públicos (unos 26 dólares). Pero desde el 1 de julio, el programa 40+10 se interrumpe para las personas en edad laboral. Sólo se mantendrán pagos de 30 mil drams (77 dólares) para menores de edad, personas con discapacidad y jubilados. Según las organizaciones sociales, esto no alcanza ni para pagar una habitación en condiciones mínimas de dignidad.
“La situación ya es crítica. No podemos esperar al 12 de julio. Necesitamos acciones ahora. Hay que ocupar la plaza y quedarnos allí hasta que nos escuchen”, pidió Gasparyan en diálogo con Caucasian Knot.

Descoordinación y fatiga social
Varias voces de la comunidad desplazada acusan a los organizadores de falta de planificación y lentitud estratégica. “Si realmente empieza una nueva etapa de lucha, debe hacerse de forma sistemática y urgente. Esto no puede reducirse a una ‘marcha’ más, sin objetivos claros”, criticó Ani Gazaryan, también refugiada.
El cronograma de la manifestación —sábado a las 18:00 horas— ha sido duramente cuestionado. “A esa hora, ninguna institución estatal está abierta. ¿Qué clase de desobediencia civil se planea en un horario no laboral?”, preguntó Araik Vanyan, otro de los desplazados. “Hay que revisar el día si se pretende una presión real”, añadió.
“El gobierno sólo reacciona a la presión pública”
Desde que se produjo la limpieza étnica en Karabaj, en septiembre de 2023, más de 100.000 personas huyeron a Armenia. Aunque el gobierno extendió temporalmente la ayuda, no ha ofrecido soluciones de fondo. “El Consejo logró que se prorrogara la asistencia hasta junio, pero eso fue un parche”, señaló Caucasian Knot.
“El gobierno armenio solo actúa cuando hay presión. Por eso la lucha debe continuar, pero con claridad y contundencia”, dijo Lilit Avanesyan, desplazada desde Shushí. La comunidad exige ahora que se establezcan pagos sostenidos, programas de vivienda social y reconocimiento jurídico como desplazados forzosos, algo que el Estado aún no ha garantizado.
Una protesta política bajo el disfraz social
Aunque los organizadores insisten en que el foco es lo social, también planean revivir las demandas políticas del 29 de marzo, cuando presentaron una petición para que el gobierno reconozca la soberanía popular de Karabaj y rechace su cesión a Azerbaiyán. Esto agrega tensión a un entorno político enrarecido, donde el gobierno de Nikol Pashinyan intenta contener las críticas internas, al tiempo que enfrenta conflictos con la Iglesia y causas penales sensibles, como el caso del satélite ARMSAT-1.
En ese contexto, la manifestación del 12 de julio podría tornarse un nuevo punto de fractura entre el Ejecutivo y los sectores más golpeados por su política de pacificación a toda costa.
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