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En Armenia, la prostitución y su facilitación tienen un tratamiento legal diferente, aunque es moralmente repudiada. Aunque muchos viajeros lo desconocen, las autoridades distinguen entre una infracción administrativa y un delito penal. Conocer esta diferencia es clave para comprender el alcance de los derechos y responsabilidades en el país.
La prostitución es una infracción administrativa
El artículo 179¹ del Código de Infracciones Administrativas de Armenia establece que ejercer la prostitución no constituye un delito, pero sí una infracción sancionable con multas. En la primera ocasión, la persona debe pagar el equivalente a 20 salarios mínimos. Si reincide en el plazo de un año, la multa asciende al doble: 40 salarios mínimos.
La normativa también faculta a la policía a realizar arrestos administrativos en casos donde existan motivos suficientes para creer que alguien ejerce la prostitución, según el artículo 261 del mismo Código.
Promover la prostitución es un delito penal
El panorama cambia cuando se trata de facilitar la prostitución. El artículo 299 del Código Penal de Armenia tipifica como delito la creación, gestión o mantenimiento de lugares destinados a la prostitución, así como el hecho de proporcionar un apartamento, edificio o vehículo para esta actividad.
Las sanciones incluyen multas más elevadas, trabajo comunitario de hasta 200 horas, restricciones de libertad de hasta dos años, prisión de corta duración de hasta dos meses o incluso penas de cárcel de hasta tres años.
Si el delito se comete en grupo o en el ejercicio de funciones oficiales, las penas aumentan hasta los cinco años de prisión. En caso de participación de una organización criminal, la condena puede llegar a seis años.
Prostitución, trata y turismo
Aunque la prostitución en Armenia no es un delito per se, las autoridades la vinculan muchas veces con fenómenos más graves como la trata de personas, regulada en el artículo 188 del Código Penal y castigada con sanciones más severas.
En el contexto del turismo, la legislación busca marcar un límite claro: tolera sanciones administrativas contra quienes ejercen la prostitución, pero persigue con rigor a quienes la facilitan, organizan o lucran con ella.
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