SoyArmenio
En un nuevo giro judicial con fuertes implicancias políticas y simbólicas, la Fiscalía General de Armenia ha solicitado la invalidación del derecho de propiedad del Gobierno de Nagorno-Karabaj sobre su edificio de representación permanente en Ereván, ubicado en la calle Nairi Zaryan 17A. La demanda fue presentada el 15 de julio ante el Tribunal Administrativo contra el Comité de Catastro, responsable de mantener el registro estatal de propiedades.
La acción judicial apunta directamente contra el último espacio institucional que representa formalmente a Artsaj (Nagorno-Karabaj) en territorio armenio, y se inscribe en una tendencia de desmantelamiento de las estructuras políticas y legales vinculadas al extinto gobierno de Stepanakert, disuelto tras la toma total de la región por parte de Azerbaiyán en septiembre de 2023.
Un edificio con peso simbólico y político
El inmueble, registrado oficialmente como propiedad del Gobierno de la República de Nagorno-Karabaj desde el 20 de marzo de 2017, ha funcionado durante años como sede de la Representación Permanente de Artsaj en Armenia. Desde la guerra de los 44 días en 2020 y, con mayor intensidad tras la limpieza étnica de 2023, el edificio se ha convertido en el último bastión institucional donde funcionarios de Artsaj mantienen contacto con miles de desplazados, que buscan asistencia, documentación o representación política.
Según los registros catastrales, el complejo incluye un edificio administrativo de dos plantas construido en 1969, con una superficie total de 310,3 metros cuadrados, un garaje adicional, una subestación eléctrica, un sótano y un semisótano, todo ubicado sobre un terreno de 0,11592 hectáreas.
Acusaciones políticas y deslegitimación de los exfuncionarios de Artsaj
El trasfondo político de esta medida ha quedado en evidencia desde septiembre de 2024, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonyan, expresó públicamente que el edificio debía reconsiderarse por completo. En una conferencia de prensa celebrada el 9 de septiembre de 2024, Simonyan acusó a las autoridades de Artsaj de «reunirse para purificarse de sus pecados».
“No podrán limpiar. También debemos reconsiderar el significado de ese edificio. Creo que ya no debería utilizarse para tales cosas”, declaró el presidente parlamentario, marcando un punto de inflexión en el discurso oficial sobre la representación institucional de Artsaj en Armenia.
Desde entonces, se han intensificado las acciones legales, administrativas y políticas para desarticular cualquier continuidad del gobierno de facto de Artsaj y para ajustar el lenguaje jurídico y diplomático a la nueva realidad geopolítica, en la que Armenia ya no reclama, ni directa ni indirectamente, ningún estatus especial para Nagorno-Karabaj.
Un paso más hacia el desmantelamiento del legado de Artsaj
La demanda de la Fiscalía se produce en el marco de un proceso más amplio de redefinición del estatus legal de Artsaj en el orden institucional armenio, tras el colapso militar y político de septiembre de 2023. Desde entonces, el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan ha sostenido que Armenia no tiene obligaciones legales hacia el antiguo gobierno de Karabaj, ni puede ofrecerle reconocimiento institucional dentro del sistema político armenio.
Con este paso, la Fiscalía General busca borrar formalmente la presencia legal de la República de Nagorno-Karabaj en suelo armenio, argumentando que su existencia jurídica ya no tiene validez constitucional ni fundamento administrativo, y que el registro de propiedad resulta inválido.
La causa en curso y su impacto en los desplazados
La acción legal aún debe ser evaluada por el Tribunal Administrativo. Si el tribunal acepta la demanda de la Fiscalía y revoca la inscripción de propiedad, el edificio podría ser revertido al dominio estatal o transferido a otra entidad bajo control del gobierno armenio, lo cual representa un golpe duro para los miles de desplazados de Artsaj que lo consideran un espacio de contención y representación.
La comunidad desplazada y diversas ONG ya han expresado preocupación por lo que consideran un intento de borrar los últimos vestigios del Estado de Artsaj, sin ofrecer alternativas institucionales claras para la protección jurídica, política o humanitaria de sus antiguos ciudadanos.
Comments