SoyArmenio
El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, y su esposa, Anna Hakobyan, han denunciado públicamente un presunto golpe de Estado diseñado para derrocar al gobierno actual, en un episodio que aviva la tensión política en el país. La polémica surge a raíz de la publicación del medio progubernamental Civic.am, que difundió un documento atribuido a “fuentes confiables dentro de la oposición” donde se detalla un supuesto plan de acción para tomar el poder.
El documento, difundido ampliamente en redes sociales y medios locales, menciona a importantes figuras políticas y económicas, entre ellas a los ex presidentes Robert Kocharyan y Serzh Sargsyan, al empresario ruso armenio detenido Samvel Karapetyan, así como a instituciones clave como Gazprom Armenia y el Ferrocarril del Cáucaso Sur, controlado por Russian Railways.
En un mensaje publicado en su página oficial de Facebook, Pashinyan aseguró que
“Este proceso pasará a la historia como un golpe fallido de traidores”.
Por su parte, Anna Hakobyan calificó el documento como un
“plan de traición” y pidió a los involucrados que “se arrepientan”.
“Si alguien se reconoció en este plan de alta traición, en primer lugar, mis condolencias, y en segundo lugar, le insto a que se arrepienta”, afirmó.
La oposición y la polémica
Desde las filas opositoras se han manifestado con escepticismo y críticas hacia el contenido del supuesto plan. El presidente de la Asamblea Nacional, Alen Simonyan, fue duro en sus declaraciones:
“Piensan que el cambio de poder es LEGO, simplemente puedes ensamblarlo. El pueblo armenio no es un esclavo que pueda ser manipulado a voluntad. La Iglesia está siendo utilizada como herramienta por oligarcas y políticos.”
Simonyan compartió la publicación de Civic.am en redes sociales, calificando de “monos” a quienes intentan manipular la opinión pública.
Consecuencias legales y penales
Según fuentes oficiales, tras la revelación del presunto plan, las autoridades armenias habrían iniciado investigaciones para determinar a los responsables de lo que se considera un intento de usurpación del poder y alta traición, tipificados en los artículos 300 y 299 del Código Penal de Armenia. Las penas para los organizadores podrían alcanzar hasta cadena perpetua, y si se comprueba cooperación con servicios extranjeros, las sanciones serán aún más severas.
Expertos legales señalan que esta situación puede profundizar la crisis política y agravar la polarización en un momento delicado para el país.
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