SoyArmenio
En vísperas de la conmemoración del 110.º aniversario del Genocidio Armenio, la facción opositora «Armenia» en el Parlamento ha reavivado el debate sobre la negación del genocidio con la presentación de un proyecto de ley que busca sancionar de forma específica y directa la negación del Genocidio Armenio cometido por el Imperio Otomano en 1915.
“El proyecto de ley pone de un lado la memoria nacional y del otro, a los enemigos de la nación armenia”, afirmó el diputado Artsvik Minasyan, quien presentó la propuesta durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional el 22 de abril. “La mayoría política debe definir su postura antes del 24 de abril”, agregó, refiriéndose a la bancada gobernante Contrato Civil, que aún no ha dado una respuesta oficial.
¿Qué establece la legislación vigente sobre la negación del genocidio?
Desde 2022, Armenia cuenta con una disposición penal que castiga la negación pública del genocidio o crímenes de lesa humanidad, incorporada en el Artículo 136 del nuevo Código Penal. Esta normativa prevé penas de hasta cinco años de prisión, especialmente si la negación se produce con fines de incitación al odio, discriminación o violencia por razones étnicas, religiosas o raciales.
Sin embargo, la legislación actual no menciona explícitamente el Genocidio Armenio, ni identifica al Imperio Otomano como su perpetrador, lo que ha motivado a la oposición a exigir una formulación específica que equipare el marco legal armenio con legislaciones como la de Israel sobre el Holocausto.
Comparativa con la legislación israelí
La ley israelí sobre la negación del Holocausto (Shoá) establece de manera clara tanto el crimen como a su perpetrador: la Alemania nazi y sus colaboradores, prohibiendo incluso expresiones de simpatía hacia el régimen. El Artículo 2 de dicha ley establece penas de hasta cinco años de prisión por declaraciones que nieguen, minimicen o justifiquen los crímenes del nazismo.
En contraste, en Armenia no hay mención directa al autor del Genocidio Armenio, lo que según críticos limita el poder simbólico y jurídico del artículo 136. Aunque el genocidio de 1915 está reconocido oficialmente por el Estado armenio —incluso en la propia Declaración de Independencia—, su mención sigue siendo implícita en la legislación penal.
Una demanda de reconocimiento jurídico y político
“El reconocimiento histórico del genocidio no es suficiente sin un reconocimiento jurídico directo en el Código Penal”, sostienen desde la oposición. Para ellos, una redacción explícita que nombre al Genocidio Armenio y al Imperio Otomano como autor no solo fortalecería la lucha contra la negación, sino que enviaría un mensaje político claro a Turquía y a la comunidad internacional.
Actualmente, el Museo-Instituto del Genocidio Armenio, bajo jurisdicción del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, representa uno de los pilares de la política de memoria en Armenia, aunque desde sectores nacionalistas se considera que el gobierno no ha impulsado reformas legislativas acordes a ese compromiso institucional.
¿Qué cambiaría el nuevo proyecto?
El texto propuesto busca incluir explícitamente al Genocidio Armenio de 1915 como crimen punible en el Código Penal armenio, sin necesidad de que su negación esté vinculada necesariamente a motivos de odio racial o religioso. Además, incorporaría una cláusula de memoria histórica, alineada con los marcos legales europeos que penalizan la negación de genocidios reconocidos oficialmente.
Conclusión
La iniciativa abre un nuevo capítulo en la política de memoria histórica en Armenia, justo cuando se prepara el país para conmemorar el 110.º aniversario del genocidio. La propuesta enfrenta un camino incierto en el Parlamento, pero ha reactivado el debate sobre el papel del Estado en la protección legal de la verdad histórica frente a la negación y la impunidad.
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