Obstáculos educativos y sociales para niños desplazados de Artsaj con necesidades especiales

La crisis humanitaria y el desplazamiento forzado de miles de familias desde Artsaj han dejado al descubierto graves deficiencias en la atención educativa y social para los niños desplazados con necesidades especiales. La historia de Elena Simonyan y su hijo Gor, un niño de 8 años con autismo, ejemplifica los obstáculos que enfrentan estas familias tras la llegada a Ereván.

Gor comenzó a recibir apoyo especializado en el Centro de Rehabilitación Caroline Cox en Stepanakert, donde la atención era gratuita y constante. Sin embargo, tras el desplazamiento, sus opciones se vieron severamente limitadas. En Ereván pudo acceder solo tres meses gratis al Centro de Rehabilitación Luse y un mes a otro centro formativo, hasta que los recursos económicos se agotaron. Elena explica que las sesiones en centros especializados rondan los 5.000 dólares por 40 minutos, una suma inaccesible para la mayoría.

Aunque la escuela de Gor aplica un programa para niños con necesidades educativas especiales, la madre reconoce que la atención escolar es insuficiente.

«He solicitado apoyo estatal específico para Gor y no lo he recibido», lamenta. Esta realidad se repite entre numerosas familias desplazadas que, además de afrontar altos costos de alquiler y vida en Ereván, deben asumir el peso del cuidado especializado que el Estado no garantiza.

Expertos y activistas coinciden en que la falta de un enfoque sistémico por parte del gobierno armenio agrava la situación. Arthak Beglaryan, defensor de derechos humanos, señala que no hay visitas regulares de trabajadores sociales ni evaluaciones personalizadas para los niños con discapacidad. “La solución pasa por que el Estado financie y supervise servicios públicos especializados que aseguren la inclusión educativa y social”, afirma.

Mushegh Josephine, presidente de la Agenda para los Derechos de las Personas con Discapacidad, añade que las iniciativas individuales, aunque valiosas, no constituyen una base sostenible para garantizar los derechos de estos niños. Por su parte, Mane Tandillian, ex ministra de Afganistán, recuerda que la protección integral de los niños con discapacidad requiere políticas estatales inclusivas, desde la accesibilidad física hasta la capacitación de maestros y profesionales.

Según datos oficiales, durante el ciclo escolar 2024-2025, hay 17.162 estudiantes desplazados de Artsaj inscritos en las escuelas armenias, de los cuales 366 tienen necesidades educativas especiales. Sin embargo, las estadísticas sobre niños con discapacidades no están claras, y las instituciones estatales no cuentan con un mapeo preciso ni programas específicos para atender esta población vulnerable.

El Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales reconoce no disponer de datos sobre cuántos niños discapacitados desplazados viven en Armenia y remite al Servicio de Migración, que también carece de registros. Esta falta de información limita la capacidad de diseñar políticas públicas efectivas.

La experiencia de Elena Simonyan refleja el vacío institucional y la dependencia que tienen estas familias del apoyo externo y la solidaridad, mientras el Estado no provee soluciones estructurales. Sin un compromiso gubernamental claro y sostenido, el derecho de estos niños a una educación adecuada y a servicios de rehabilitación de calidad queda comprometido.