Milkes Malakkian
El primer ministro Nikol Pashinyan confirmó este lunes que el plan para nacionalizar la Compañía de Redes Eléctricas de Armenia (ENA) está listo y que el proceso “pronto entrará en una fase práctica”. Se trata de una de las decisiones más polémicas del actual gobierno, con posibles consecuencias legales, económicas y diplomáticas.
“Los procesos se llevarán a cabo de acuerdo con la legislación de Armenia”, escribió el jefe de gobierno en redes sociales, mientras crecen las acusaciones de que se trata de una represalia política contra Samvel Karapetyan, el empresario dueño del holding Tashir Group, actual propietario de ENA.
El anuncio se produjo solo días después de que Karapetyan manifestara públicamente su apoyo a la Iglesia Apostólica Armenia y a sus jerarcas, en medio del enfrentamiento abierto entre Pashinyan y el Catholicós Garegin II. Poco después, Karapetyan fue detenido por dos meses y su residencia en Ereván allanada. A las pocas horas, el primer ministro anunciaba su intención de nacionalizar ENA.
Una ley especial para expropiar ENA
Según el viceprimer ministro Mher Grigoryan, la nacionalización se realizará mediante una ley especial que permitirá al Estado tomar control de la infraestructura energética clave del país.
“El Estado actuará estrictamente dentro del marco constitucional. Toda acción estará basada en la legislación vigente sobre energía y sobre infraestructura crítica”, aseguró Grigoryan.
Consultado sobre el posible impacto negativo en la confianza de los inversores, el viceprimer ministro negó que existan riesgos: “Cualquier inversor serio conoce nuestra ley. No habrá situaciones extraordinarias”.
Sin embargo, economistas y expertos legales advierten que esta medida podría tener consecuencias de gran alcance.
Riesgo legal y fuga de capitales
El economista Hrant Mikaelyan calificó la medida como “políticamente comprometida” desde el inicio. En diálogo con ARKA, advirtió que la nacionalización rápida de una empresa que ha recibido inversiones extranjeras puede derivar en disputas internacionales.
“No se puede simplemente nacionalizar una gran empresa en cuestión de días. El proceso es legalmente complejo, y si no se respeta el marco internacional de inversiones, puede llevar a juicios arbitrales”, afirmó Mikaelyan.
Desde 2016, el Grupo Tashir ha invertido más de 680 millones de dólares en la modernización de ENA, además de otros 200 millones para nuevas capacidades. El plan de inversiones a 2034 supera los 1.400 millones de dólares.
ENA tiene participación financiera de capitales rusos y chipriotas, y Armenia mantiene acuerdos bilaterales de protección de inversiones con ambos países. Cualquier expropiación arbitraria puede violar estos tratados y abrir la puerta a litigios internacionales.
Seguridad energética y bloqueo regional
En paralelo, el gobierno justifica la medida como parte de un plan de seguridad energética nacional. Según Grigoryan, la falta de conexión de Armenia a las redes regionales genera altos costos, especialmente para la energía solar y el mantenimiento de la central nuclear en Metsamor.
“El desbloqueo regional es fundamental. Si no nos conectamos a las redes vecinas, pagamos más, contaminamos más y operamos en condiciones inseguras”, aseguró.
En ese sentido, el gobierno considera estratégica la recuperación del control estatal sobre la distribución eléctrica, aunque no se ha explicado cómo la nacionalización de ENA contribuiría directamente a resolver estos problemas estructurales.
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