El Tribunal Anticorrupción de Armenia celebrará audiencias sobre el caso de Robert Kocharyan el 1 de marzo, en un juicio rodeado de controversia legal y acusaciones de violación de la ley.
El Tribunal Anticorrupción de Armenia ha fijado para el 1 de marzo una audiencia en el controversial caso que involucra al segundo presidente de Armenia, Robert Kocharyan, y otras figuras clave, entre ellas el exministro de Defensa, Seyran Ohanyan, el exsecretario general de la OTSC, Yuri Khachaturov, y el exviceprimer ministro, Armen Gevorgyan. Este caso, relacionado con los hechos del 1 de marzo de 2008, ha reavivado el debate sobre la legalidad y la constitucionalidad del proceso.
El caso, presidido por el juez Sarkis Petrosyan, comenzó con desacuerdos y reclamos por parte de los abogados de Kocharyan. En particular, su defensa argumenta que los cargos formulados bajo el artículo 300.1 del Código Penal de Armenia, que se refiere al “derrocamiento del orden constitucional”, ya no tienen validez legal. Este artículo fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Armenia, lo que, según el abogado Aram Orbelyan, deja a su cliente en una posición en la que no debería ser procesado.
Orbelyan señaló que, pese a la declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal de Casación remitió el caso al Tribunal Anticorrupción para un nuevo juicio, lo cual considera una interpretación errónea de las disposiciones legales. A esta afirmación, el juez Petrosyan respondió: “¿Por qué han venido entonces?”, subrayando la incertidumbre que rodea al caso.
Por su parte, Kocharyan expresó su desacuerdo con el proceso, calificándolo de “violación grave de la ley”. El expresidente, que optó por comparecer ante el tribunal por decisión propia, indicó que podría haber elegido no asistir al juicio, lo que refuerza su postura de que el proceso está viciado desde su inicio.
Este caso está relacionado con los eventos ocurridos el 1 de marzo de 2008, cuando manifestaciones masivas en Armenia fueron reprimidas violentamente, dejando como saldo la muerte de 10 personas. Las protestas se originaron tras las elecciones presidenciales que llevaron a Serzh Sargsyan al poder, en medio de acusaciones de fraude electoral. Kocharyan y otros funcionarios de alto rango de su administración fueron acusados de “derrocar el orden constitucional” durante esos disturbios.
El equipo de defensa de Kocharyan ha insistido en que la reanudación del proceso penal bajo un artículo que ya fue declarado inconstitucional es completamente absurda. Aram Vardevanyan, ex defensor de Kocharyan, intentó intervenir para aclarar este punto, pero el tribunal rechazó su solicitud.
Por otro lado, la Fiscalía General de Armenia sostiene que las acciones de Kocharyan y otros involucrados en el “caso 1 de marzo” son constitutivas de varios delitos, incluyendo crímenes contra el orden constitucional. Aunque las instancias inferiores habían cerrado el caso, el Tribunal de Casación reabrió el proceso, afirmando que los delitos no habían sido correctamente interpretados en los fallos anteriores y que, dada la gravedad del caso, los responsables deben ser castigados.
El Tribunal Anticorrupción, que ahora lidera las audiencias, decidirá el futuro de este emblemático caso. La sesión del 1 de marzo promete ser crucial para determinar si el proceso judicial continuará o si, como afirma la defensa, se ha producido una grave violación de derechos fundamentales.
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