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En una reciente audiencia del Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, testigos vinculados al complejo militar-industrial defendieron una postura agresiva hacia Irán, instando a un incremento de la presencia militar en Medio Oriente y sugiriendo la autorización del uso de la fuerza militar (AUMF) contra la nación persa.
Entre los participantes se encontraba Kirsten Fontenrose, exfuncionaria de la administración Trump y presidenta de Red Six Solutions, un contratista del Pentágono especializado en amenazas con drones. Fontenrose argumentó que Estados Unidos debería aprobar una AUMF para dejar claro que está preparado para desmantelar instalaciones iraníes sin temor a efectos negativos. No obstante, omitió mencionar que su empresa, que prepara a los clientes para enfrentar amenazas como las de Irán, se beneficiaría directamente de cualquier conflicto en la región.
Vínculos económicos entre expertos y contratistas del Pentágono
El testimonio de Fontenrose no fue el único con intereses económicos en juego. Otros testigos, como Elliott Abrams, condenado por mentir al Congreso durante el escándalo Irán-Contra, abogaron por un enfoque militar más robusto. Abrams pertenece al Consejo de Relaciones Exteriores, el cual ha recibido 750.000 dólares de contratistas del Pentágono en los últimos dos años.
El Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense (CNAS), representado por Jonathan Lord, también respaldó una postura militar firme contra Irán. CNAS ha recibido más de 2,5 millones de dólares de contratistas del Pentágono, incluidos Northrop Grumman, Lockheed Martin, y BAE Systems, todos con intereses en la fabricación de armamento como los aviones F-35 y F-22.
El consenso forzado: testigos alineados con intereses corporativos
Al final de la audiencia, Lord subrayó que había un «amplio consenso» entre los testigos para adoptar una estrategia más agresiva contra Irán. Este consenso es predecible dado que los testigos que apoyan el uso de la fuerza militar están respaldados por corporaciones privadas con contratos millonarios en defensa. Durante las últimas dos sesiones del Congreso, al menos 60 personas financiadas por contratistas del Pentágono han testificado, consolidando una narrativa que favorece la intervención militar.
El riesgo de decisiones influenciadas por intereses financieros
Este tipo de audiencias plantea serias preocupaciones sobre la influencia del dinero de defensa en las decisiones políticas de Estados Unidos. La participación de centros de estudios y empresas contratistas en la promoción de conflictos bélicos no solo crea conflictos de interés, sino que también podría poner en peligro la paz y la estabilidad mundial al anteponer beneficios económicos a las soluciones diplomáticas.
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