SoyArmenio
El Parlamento de Armenia ha abierto un proceso clave que podría tener implicancias judiciales y políticas profundas: el posible levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Seyran Ohanyan y Artsvik Minasyan, ambos diputados del bloque opositor Hayastan y exministros bajo el antiguo régimen republicano. La sesión legislativa, iniciada el 4 de julio, continuará el 7 con una votación secreta.
La moción fue presentada por la fiscal general Anna Vardapetyan, quien acusa a Ohanyan de construir una residencia privada ilegal en el Parque Nacional de Sevan, un área natural especialmente protegida por ley, y de ocultar la propiedad, valorada en 125 millones de drams (unos 328.000 dólares), en sus declaraciones anuales de bienes.
La fiscal general acusa a los exministros de corrupción y abuso de poder; la oposición denuncia persecución política
“El proyecto de inversión sirvió como un disfraz legal para un acto ilegal ya comprometido, que intentaron presentar como legítimo”, afirmó Vardapetyan durante su intervención parlamentaria.
Según la fiscalía, Minasyan —como entonces ministro de Medio Ambiente— habría encubierto la construcción, presentándola como un proyecto de inversión pública pese a saber que se trataba de una infraestructura privada.
Una mansión “inexistente” en el registro catastral
Los detalles revelados por la Fiscalía refuerzan la gravedad de las acusaciones. La construcción, realizada entre 2010 y 2015, no figura en los registros oficiales, aunque en la práctica sí existe. El terreno fue arrendado durante 25 años a un pariente del chofer de Ohanyan tras un proceso de licitación que —según Vardapetyan— fue manipulado.
Además, según la investigación, el Ministerio de Defensa prestó recursos públicos al proyecto, incluyendo la participación de la empresa Sitta Group LLC, que realizó reparaciones en la mansión sin cobrar. La Fiscalía sostiene que los salarios de los agentes de la Policía Militar que custodiaban el predio también fueron pagados por el presupuesto estatal.
“Podías escuchar los gritos”, declaró un testigo, describiendo cómo los recursos del Estado eran utilizados para proteger propiedades ilegales. “La mansión existe en la realidad. Pero en los documentos, no”, recalcó Vardapetyan.
Minasyan se defiende: “No excedí mi autoridad”
Artsvik Minasyan, a diferencia de su colega, sí participó de la sesión. En su intervención negó categóricamente las acusaciones: “Me están culpando de acciones que, desde una perspectiva legal, no se me pueden atribuir”, aseguró.
El diputado afirmó que no conocía el vínculo entre Ohanyan y el predio en cuestión, y que simplemente actuó conforme a los informes técnicos disponibles. “No sabía quién había construido la estructura. Ni siquiera sabía si Ohanyan estaba conectado con ella”, expresó.
Minasyan defendió su accionar: “No se trataba de intereses grupales o ganancias personales. Si las hubiera, lo admitiría. Actué en interés público y de la protección ambiental”.
Ohanyan denuncia persecución política y conexión con Azerbaiyán
Seyran Ohanyan no participó del debate por motivos de salud, pero envió una carta certificada con su baja médica. A través de una declaración, acusó al gobierno de orquestar un “espectáculo” en su contra:
“El objetivo es distraer al público de las severas amenazas a nuestro Estado creadas por sus propias acciones y, en coordinación con Azerbaiyán, neutralizar a todas las figuras políticas, militares y espirituales que representan a Artsaj y a los valores nacionales de Armenia”, advirtió.
Reacciones del oficialismo: “No más piscinas privadas con fondos públicos”
Desde el oficialismo, el vicepresidente del Parlamento, Hakob Arshakyan, justificó la moción con dureza. “No se puede tener un ejército fuerte cuando su liderazgo está ocupado construyendo mansiones privadas, saunas y piscinas a expensas del presupuesto de Defensa y del pueblo”, declaró.
Arshakyan consideró que el caso ejemplifica la corrupción sistémica que dominaba el país antes de la revolución de 2018. “Estas personas ahora apuntan sus armas contra el gobierno legítimo”, concluyó.
Votación clave el 7 de julio
La votación secreta que decidirá el destino judicial de los exministros está programada para el próximo 7 de julio. Si el Parlamento aprueba el levantamiento de inmunidad, se iniciarán los procesos penales en su contra por abuso de poder, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
Mientras tanto, el bloque opositor Hayastan y el grupo Tengo Honor denuncian una persecución política, alegando que las acciones del Ministerio Público responden a una estrategia para silenciar a los líderes opositores en un contexto de creciente tensión con Azerbaiyán y de detenciones masivas dentro del movimiento Lucha Sagrada.
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