El 30 de septiembre, la facción opositora “Armenia” presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para penalizar explícitamente la negación del Genocidio Armenio en el Imperio Otomano. La propuesta generó un fuerte debate con la bancada gobernante de Contrato Civil, liderada por el primer ministro Nikol Pashinyan.
La propuesta de la oposición
El secretario de la facción “Armenia”, Artsvik Minasyan, explicó que, aunque el artículo 136 del Código Penal ya castiga la negación de genocidios, no menciona de forma expresa el caso armenio. “No se ha iniciado ningún proceso penal bajo este artículo, a pesar de los numerosos casos existentes”, señaló.
El texto opositor endurece sanciones: multas, trabajo comunitario o hasta cuatro años de cárcel para quienes nieguen, atenúen o justifiquen el Genocidio Armenio. Si hay incitación al odio o violencia por motivos raciales, étnicos o religiosos, la pena subiría a ocho años. Si ocurre a través de medios de comunicación, internet o con cargo oficial, el castigo podría llegar a entre 10 y 15 años de prisión.

La respuesta del oficialismo
Desde la facción Contrato Civil, la diputada Alkhas Ghazaryan recordó que la Comisión de Estado y Asuntos Jurídicos ya rechazó el proyecto. “El artículo 136 del Código Penal de la República de Armenia prevé la responsabilidad por la negación del Genocidio Armenio”, dijo.
Otros legisladores oficialistas insistieron en que nadie en Armenia ha negado ni negará jamás el Genocidio Armenio. También recordaron que durante gobiernos anteriores se hicieron declaraciones mucho más controvertidas sobre el tema.
Un debate cargado de acusaciones
El opositor Artur Khachatryan acusó al oficialismo de “menospreciar el Genocidio Armenio” y citó que incluso el Instituto Lemkin criticó declaraciones de Pashinyan en abril. “¿Cuándo será el momento oportuno para esta ley?”, preguntó al bloque gobernante.
Su colega Gegham Manukyan alertó sobre el riesgo de que el Genocidio Armenio desaparezca de la agenda internacional, algo que calificó como inadmisible.
Las críticas fueron recibidas con dureza por los diputados del oficialismo, que acusan a la oposición de manipular un tema sensible con fines políticos.
El trasfondo jurídico
Según la legislación vigente, la negación de genocidios solo es punible si busca incitar al odio o la violencia. La oposición reclama una tipificación más estricta y penas más severas, mientras el oficialismo defiende que la normativa actual ya es suficiente.
El debate refleja una vez más la fractura política en torno a la memoria histórica y el uso político del Genocidio Armenio, una cuestión que sigue marcando la agenda nacional e internacional de Armenia.
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