Mientras avanza la investigación sobre el fallido intento de golpe de Estado en Armenia, las fuerzas de seguridad han intensificado operativos contra jóvenes vinculados al ala juvenil del partido pro eclesiástico y ruso FRA Dashnaktsutyun y personas menores de edad, quienes participaron en la obstrucción de la justicia cuando intentaba la NSS detener al acusado del golpismo, el arzobispo Mikael Ajapakhyan.
Desde sectores opositores se intenta presentar estas detenciones como persecuciones políticas, pero las evidencias señalan lo contrario: se trata de acciones judiciales legítimas contra quienes buscan proteger al clero implicado en llamados a la insurrección.
La Oficina del Defensor de los Derechos Humanos confirmó que entre los detenidos hay menores de edad, aunque subrayó que muchos de los arrestos se produjeron por sospechas fundadas de obstrucción a la justicia, en algunos casos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad frente a la Santa Sede de Etchmiadzin.

“Es indispensable que la privación de libertad de menores se utilice como último recurso, pero no puede convertirse en inmunidad automática para quienes incurran en actos ilegales, guiados o manipulados por actores políticos o religiosos”, señaló el informe.
El Ministerio del Interior reiteró que ningún detenido está relacionado a causas ideológicas, sino a hechos concretos vinculados a incitación a la violencia, obstrucción institucional o resistencia activa a la autoridad.
Según fuentes policiales, más de una docena de jóvenes afiliados a la organización “Nikol Aghbalyan” del ARF participaron en bloqueos, provocaciones y disturbios durante el intento de detención del arzobispo Mikael Ajapakhyan, acusado de instigar un golpe militar en coordinación con figuras vinculadas al antiguo régimen.
El abogado del arzobispo Ajapakhyan ha reconocido que este sostuvo conversaciones con los expresidentes Serzh Sargsyan y Robert Kocharyan sobre un cambio de poder a través de las Fuerzas Armadas, algo que constituye una violación flagrante del Artículo 422 del Código Penal de Armenia. Su posterior traslado a la sede de Etchmiadzin y el uso del recinto espiritual como refugio político fue interpretado por analistas como una maniobra mediática para generar caos y evitar el curso natural de la justicia.
“La ley es clara: nadie está por encima del orden constitucional, ni siquiera un clérigo con sotana o un estudiante adoctrinado por la retórica del nacionalismo eclesiástico”, afirmó el politólogo Ruben Mehrabyan, quien también recordó los métodos similares usados por Rusia en Moldavia y Georgia, donde sectores religiosos y oligarcas afines al Kremlin han sido herramientas de desestabilización.
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