SoyArmenio
La Fiscalía General de Armenia ha iniciado acciones judiciales para anular la transferencia de terrenos y edificios estatales a la Iglesia Apostólica Armenia, una medida que agudiza el creciente conflicto institucional entre el Estado y la Iglesia. La demanda fue presentada el 30 de julio de 2025 ante el Tribunal Anticorrupción, aunque todavía no ha sido admitida formalmente.
Según información brindada a Hetq, la Fiscalía considera que los acuerdos de donación firmados en 2018 y 2019 por el Ministerio de Defensa violaron disposiciones legales clave y que, por tanto, deben ser declarados nulos, junto con la restitución de los bienes.
Un conflicto que se remonta al gobierno de Karapetyan
El caso se remonta al 29 de marzo de 2018, cuando el gobierno de Karen Karapetyan aprobó la Resolución N.º 336-A, autorizando la donación de un terreno estatal de 10.518,2 metros cuadrados, ubicado en la aldea de Getahovit, región de Tavush, a la Iglesia Apostólica Armenia. El inmueble, bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa, incluía edificios y estructuras por un total de 9.427,3 metros cuadrados, con un valor contable de apenas 518.221 drams.
La decisión también contemplaba el cambio de destino de 8,9 hectáreas de tierra especial, proceso que debía ejecutar el gobernador de Tavush a través del líder comunitario de Getahovit. Estos terrenos serían esenciales para el uso y mantenimiento de los edificios religiosos transferidos.
Según la Fiscalía, el análisis del marco legal vigente y del acuerdo suscrito en julio y agosto de 2018 reveló que “la transacción fue contraria a los requisitos de la legislación vigente”, razón por la cual se busca su anulación inmediata y la devolución de las propiedades al Estado.
También se impugna la transferencia de iglesias en Aparan
El enfrentamiento no se limita al caso de Tavush. El Consejo de Ancianos de Aparan y la Fiscalía General también están impugnando las decisiones que permitieron la transferencia de iglesias comunitarias a la Iglesia Apostólica Armenia.
El 13 de febrero de 2025, el Consejo presentó una demanda contra la líder comunitaria Karen Yeghiazaryan por haber reconocido como propiedad de la comunidad tres iglesias ubicadas en las aldeas de Yeghipatrush y Yernjatap, y luego donarlas a la Iglesia mediante contratos firmados en 2019. La Fiscalía también presentó su propia demanda el 7 de febrero de 2024, enfocada específicamente en el caso de la iglesia de Yeghipatrush.
El argumento central es que se trata de bienes históricos y culturales, por lo que no pueden ser objeto de donación o enajenación. La Fiscalía sostiene que las decisiones administrativas de la jefa de la comunidad son ilegales, ya que vulneran las normas de protección del patrimonio cultural y violan el principio de inalienabilidad de los bienes culturales del Estado.
Un nuevo frente en la crisis entre el Estado y la Iglesia
Estas demandas judiciales profundizan la tensión entre el gobierno de Nikol Pashinyan y la Iglesia Apostólica Armenia, ya deteriorada por años de desencuentros políticos e ideológicos. Si bien la Iglesia conserva una posición constitucional especial como “iglesia nacional”, su relación con el Estado se ha deteriorado notablemente desde la revolución de 2018.
La Fiscalía insiste en que estas acciones no son de carácter ideológico sino de protección de los intereses del Estado y del patrimonio nacional. Sin embargo, sectores eclesiásticos han denunciado una campaña sistemática para debilitar la influencia de la Iglesia, en un contexto político en el que la religión organizada es percibida por el Ejecutivo como un poder paralelo.
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