SoyArmenio
Del 7 al 9 de julio, los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) debatirán en Nueva York un tema crucial: la ampliación de la jurisdicción del crimen de agresión, una reforma que podría cambiar el alcance del derecho penal internacional y redefinir las herramientas jurídicas de los países pequeños frente a potencias agresoras. Para Armenia, estos debates no son abstractos ni lejanos. Por el contrario, tocan directamente su supervivencia y su estrategia de defensa en tiempos de paz inestable.
La amenaza permanente: Azerbaiyán y Turquía
La integridad territorial de Armenia sigue siendo vulnerada, mientras fuerzas azerbaiyanas ocupan sectores del territorio soberano armenio, particularmente en la región fronteriza de Syunik y Gegharkunik. Esta ocupación, iniciada en 2021 y consolidada tras la caída de Artsaj en 2023, no ha sido revertida, y representa un caso sostenido de agresión militar según estándares internacionales.
Además, Turquía, con su historial negacionista y su apoyo militar abierto a Azerbaiyán durante la guerra de 2020, continúa ejerciendo presión geopolítica sobre Armenia. Aunque sin agresión directa reciente, su papel regional refuerza la sensación de amenaza latente y alimenta una lógica de autodefensa estructural por parte de Ereván.
¿Qué es el crimen de agresión y por qué importa ahora?
El crimen de agresión fue definido formalmente en las Enmiendas de Kampala de 2010, que añadieron a los delitos ya contemplados en el Estatuto de Roma (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) la posibilidad de procesar a los máximos responsables estatales por acciones de agresión armada contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, este mecanismo es aún limitado en alcance y aplicabilidad.
Actualmente, la Corte Penal Internacional sólo puede juzgar agresiones cometidas por Estados que hayan ratificado estas enmiendas. Ni Armenia ni Azerbaiyán han dado ese paso. En ese vacío jurídico se sostienen muchas de las vulnerabilidades actuales del país.
Pero los debates de julio en Nueva York buscan cambiar eso. La reforma propuesta pretende ampliar la jurisdicción de la CPI sobre el crimen de agresión, incluso cuando el Estado agresor no es parte del Estatuto de Roma. De aprobarse esta enmienda, se abriría un camino legal para que los líderes de países agresores sean procesados internacionalmente por actos de invasión, ocupación o amenaza.
Armenia y la oportunidad de blindaje preventivo
Para Armenia, ratificar tanto el Estatuto de Roma como las Enmiendas de Kampala —y eventualmente la nueva ampliación— sería una decisión estratégica. Aunque no detendría de inmediato la ocupación actual, sí enviaría una señal clara a la comunidad internacional: Armenia se compromete a la no agresión y a la resolución jurídica de los conflictos, a la vez que demanda protección real bajo un marco legal global.
Como explica el profesor Gurgen Petrosyan, especialista en derecho internacional, esta ratificación también tiene un efecto preventivo: deslegitima de antemano cualquier agresión futura de Azerbaiyán o Turquía, pone en alerta jurídica a sus liderazgos y fortalece la posición de Ereván en negociaciones diplomáticas y foros multilaterales.
La adopción de esta jurisdicción ampliada no es sólo un acto simbólico, sino un recurso que Armenia puede convertir en instrumento de disuasión legal, además de un mensaje ético y político hacia sus propios ciudadanos, sus aliados y sus adversarios.
¿Y Azerbaiyán? ¿Puede la CPI actuar sin su consentimiento?
La clave está en la reforma en debate. En su forma actual, la CPI no tiene jurisdicción sobre crímenes de agresión de países no firmantes. Pero si las nuevas enmiendas se aprueban, y Armenia las ratifica, la Corte podrá procesar agresiones cometidas por terceros Estados no miembros, siempre que el Estado víctima sí esté bajo su jurisdicción.
En otras palabras, la reforma permitiría que una futura agresión de Bakú —aun sin que Azerbaiyán haya ratificado el Estatuto de Roma— pueda generar consecuencias jurídicas reales para sus líderes. Se abriría un nuevo terreno de presión diplomática y legal internacional, un cambio de reglas crucial para países en posición vulnerable como Armenia.
Conclusión: no es un tecnicismo legal, es una decisión de Estado
La política de defensa de Armenia debe incluir el derecho internacional como parte esencial de su estrategia. En un contexto donde los equilibrios militares son frágiles y los compromisos de aliados inciertos, la adhesión a normas globales robustas puede funcionar como ancla de legitimidad y herramienta de presión.
El gobierno armenio tiene ahora la posibilidad de tomar la iniciativa. Ratificar las enmiendas y respaldar su expansión en Nueva York no solo serviría para blindar jurídicamente su territorio, sino que marcaría una diferencia ética y legal en la narrativa internacional. Armenia se colocaría del lado del derecho, no sólo de la historia.
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