El Ministerio Público de Armenia confirmó la apertura de una causa penal contra el arzobispo Mikael Ajapahyan, primado de la diócesis de Shirak de la Iglesia Apostólica Armenia, por declaraciones públicas en las que habría instado a un levantamiento militar en el país.
Según informó la televisión pública de Armenia, el caso fue iniciado el 17 de junio bajo la parte 2 del artículo 422 del Código Penal, que castiga los llamamientos públicos a la toma del poder, la violación de la integridad territorial, el abandono de la soberanía o el derrocamiento violento del orden constitucional.
La fiscalía precisó que las investigaciones se centran en unas declaraciones recientes del arzobispo, en las que, durante una entrevista, habría afirmado que “en Armenia es necesaria una revolución militar”. A raíz de esas palabras, el Departamento de Relaciones Públicas de la Fiscalía General consideró que existían elementos suficientes para abrir una investigación formal.
Un giro radical en la tensión Iglesia-gobierno
La medida se produce en el contexto de una creciente represión contra el movimiento opositor “Lucha Sagrada”, liderado por otro alto clérigo, el arzobispo Bagrat Galstanyan, quien fue arrestado el 26 de junio bajo los cargos de preparación de actos terroristas, disturbios masivos y plan de toma del poder por la fuerza.

Además de Galstanyan, otras 15 personas fueron detenidas, incluyendo dos clérigos, el exdiputado de Artsaj David Galstyan, el coronel de reserva Mihran Makhsudyan y el miembro del partido nacionalista FRA-Dashnaktsutyun Igor Sargsyan. Todos ellos son acusados de integrar una red con intenciones golpistas, según el Comité de Investigación de Armenia, que llevó a cabo más de 90 allanamientos simultáneos en diferentes regiones del país.
Arzobispo Ajapahyan en la mira
El caso de Mikael Ajapahyan marca una nueva etapa en el enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan. Ajapahyan ha sido históricamente crítico de las políticas del Ejecutivo, pero sus recientes declaraciones superaron el umbral de la legalidad, según las autoridades.
Hasta el momento, el arzobispo no ha sido arrestado, pero su caso avanza dentro del mismo marco legal aplicado a los miembros del movimiento “Lucha Sagrada”, que desde principios de junio viene denunciando persecución religiosa y política por parte del gobierno.
Desde el Ministerio Público se recordó que toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante sentencia firme, conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal.
¿Persecución política o defensa del orden constitucional?
Mientras el gobierno insiste en que está actuando dentro del marco de la ley para proteger el sistema constitucional, críticos locales e internacionales advierten que la situación podría estar derivando en una criminalización de la disidencia eclesiástica. La detención de clérigos, exmilitares y opositores bajo cargos de terrorismo ha encendido las alarmas sobre el estado de las libertades civiles en Armenia.
El caso de Ajapahyan, por su visibilidad y por su rango dentro de la jerarquía de la Iglesia Apostólica, se perfila como una prueba de fuego para la relación entre el Estado y la institución religiosa más influyente del país.
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