Sergio Vartanian
El arzobispo Michael Ajapakhyan, primado de la diócesis de Shirak de la Iglesia Apostólica Armenia, fue declarado culpable por el Tribunal de Jurisdicción General de Ereván de “llamados públicos para apoderarse del poder en Armenia”. El veredicto fue leído por la jueza Armine Meliksetyan, quien mantuvo la medida de arresto y limitaciones de comunicación con los medios.
Un caso bajo el artículo 422 del Código Penal
El proceso penal contra Ajapakhyan se inició el 27 de junio bajo el artículo 422 del Código Penal, que castiga los llamados a cambiar el orden constitucional o violar la integridad territorial mediante el uso de tecnologías de medios y comunicación. El arzobispo se encuentra bajo arresto desde el 28 de junio.
Durante la audiencia del 28 de agosto, la fiscalía pidió que se lo declarara culpable de “llamados públicos a apoderarse del poder”. El prelado rechazó los cargos, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas.
Su abogado, Ara Zohrabyan, afirmó que “es imposible hablar de incautación del poder en tiempo pasado” y sostuvo que la entrevista en la que se basó la acusación fue manipulada. Adelantó que la sentencia será apelada tras conocerse la decisión final.
La respuesta de la Iglesia Apostólica Armenia
La Santa Sede de Etchmiadzin emitió un comunicado condenando “enérgicamente este proceso ilegal”. El texto califica el fallo como “un duro golpe a la justicia en Armenia” y denuncia que el sistema judicial “depende completamente de la voluntad de las autoridades políticas”.
“La justicia en nuestro país se utiliza abiertamente para venganzas políticas mediante decisiones arbitrarias”, señala la declaración, en la que la Iglesia reitera que usará todas las herramientas legales para revertir la condena.
La nota incluye un mensaje espiritual: “Oramos para que el Señor fortalezca al arzobispo Michael, al arzobispo Bagrat y al benefactor nacional Samvel Karapetyan, así como a todos los privados ilegalmente de su libertad”.
Contexto político y judicial
El caso del arzobispo Ajapakhyan ocurre en medio de tensiones entre el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan y sectores de la Iglesia Apostólica Armenia, que han criticado abiertamente la gestión estatal. El veredicto contra un alto clérigo se interpreta como parte de una escalada en la confrontación entre poder político y autoridad religiosa en Armenia.
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