SoyArmenio
La situación de los prisioneros de guerra armenios retenidos en Azerbaiyán ha entrado en una nueva y preocupante fase de aislamiento total desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cesó sus operaciones en territorio azerbaiyano en junio de 2025 por decisión de Bakú. Esta interrupción dejó sin visitas, sin monitoreo de condiciones de detención y sin contacto con sus familias a 23 ciudadanos armenios, entre ellos Ruben Vardanyan, exministro de Estado de Artsaj, y otros ex altos funcionarios militares y civiles de la república disuelta tras la limpieza étnica de 2023.
El vacío legal y humanitario generado por la salida del CICR obliga a Ereván a buscar alternativas en el marco del derecho internacional. Según la experta en derecho internacional Siranush Sahakyan, Armenia puede invocar su derecho a realizar visitas consulares a sus ciudadanos detenidos, incluso en países con los que no mantiene relaciones diplomáticas directas, como es el caso con Azerbaiyán. “Cualquier Estado puede delegar esa función en una tercera nación neutral, mediante acuerdo mutuo”, explicó Sahakyan.
En ese contexto, Suiza ha surgido como opción concreta. El politólogo y responsable del programa de la oficina central del Consejo Nacional Armenio, Gevorg Ghukasyan, confirmó que “Suiza está dispuesta a brindar asistencia consular a los prisioneros armenios en Bakú”. Sin embargo, para activar este mecanismo, es imprescindible que el Gobierno armenio formalice la solicitud, algo que, hasta el momento, no ha hecho.
Los procesos judiciales que enfrentan 16 de los 23 detenidos han sido ampliamente cuestionados por organismos internacionales. “No se cumplen estándares de juicio justo”, afirma Sahakyan, quien recuerda que la visibilidad de estos juicios “es un intento de Bakú por escenificar legalidad y evitar la acusación de crímenes de guerra, cuando en realidad la detención prolongada e injustificada de prisioneros protegidos viola el derecho internacional humanitario”.
Los antecedentes son alarmantes. Existen videos verificados de ejecuciones sumarias, denuncias de tortura y casos de desaparición forzada. “Hay prisioneros cuya existencia fue confirmada por imágenes y luego desaparecieron. Hoy no sabemos si están vivos”, advierte Sahakyan. La ONU y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han recibido múltiples solicitudes para esclarecer estos casos, pero las respuestas hasta ahora son insuficientes.
El 16 de julio, el primer ministro de Armenia Nikol Pashinyan aseguró que el tema de los prisioneros “no ha sido omitido en ninguna conversación con Azerbaiyán”. No obstante, evitó responder si su gobierno había pedido ayuda directamente al presidente estadounidense Donald Trump, como circuló en algunos medios. “No he visto esas publicaciones, no puedo comentar algo que desconozco”, respondió.
Mientras tanto, el próximo 31 de julio está prevista una nueva audiencia en el juicio contra los líderes políticos y militares de Artsaj. Las únicas imágenes públicas de los prisioneros son las difundidas durante estos juicios, en las que se observa un deterioro físico evidente, sin posibilidad de verificar sus condiciones reales de salud o detención.
La posibilidad de que Armenia recurra a terceros países para visitar a sus ciudadanos detenidos en Bakú podría marcar un punto de inflexión en un proceso que, hasta ahora, ha oscilado entre el silencio diplomático y el espectáculo judicial de Azerbaiyán.
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