Enjuiciamiento penal contra los diputados Ohanyan y Minasyan por corrupción avanza con aprobación del Parlamento de Armenia

El presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonyan, aprobó este lunes la solicitud presentada por la fiscal general Anna Vardapetyan para iniciar un caso penal por corrupción contra los diputados opositores Seyran Ohanyan y Artsvik Minasyan, ambos miembros destacados de la facción parlamentaria “Hayastan” (Armenia).

La autorización legislativa es un requisito constitucional en Armenia para poder enjuiciar penalmente a un parlamentario, dada su inmunidad parlamentaria.

El presidente del Legislativo, Alen Simonyan, autorizó el procesamiento de Seyran Ohanyan y Artsvik Minasyan por presunta corrupción y abuso de poder

Acusaciones: ocultación de bienes y abuso de poder

Según la Oficina del Fiscal General, Seyran Ohanyan —exministro de Defensa y actual jefe de la facción “Armenia”— habría omitido declarar activos en sus declaraciones patrimoniales durante varios años. Entre los bienes no declarados se encuentra una parcela de tierra en el pueblo de Drakhtik y una villa construida sin autorización legal.

En el caso de Artsvik Minasyan, secretario de la misma facción, se le acusa de abuso de poder en relación con el mismo caso, aunque las autoridades no han detallado aún el alcance de su implicación.

Reacciones políticas y contexto del conflicto

La bancada “Hayastan”, conformada principalmente por antiguos funcionarios del expresidente Robert Kocharyan, ha calificado la medida como una persecución política, en medio de una creciente polarización entre el oficialismo y la oposición.

Seyran Ohanyan ha sido objeto de investigaciones anteriores por supuestos delitos cometidos durante su gestión en el Ministerio de Defensa, pero siempre ha negado cualquier irregularidad, denunciando motivaciones políticas detrás de los cargos.

La autorización del Parlamento coincide con un momento de alta tensión institucional en Armenia, en el que la oposición ha intensificado sus críticas contra el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan, especialmente tras la pérdida de Nagorno-Karabaj en 2023 y las acusaciones de abandono a los refugiados de Artsaj.

Tras la aprobación parlamentaria, el caso pasa formalmente a manos de la Fiscalía para iniciar el proceso penal correspondiente. Aún no se ha anunciado si se dictarán medidas cautelares contra los diputados, aunque podrían enfrentar la suspensión temporal de sus funciones legislativas si se formaliza una acusación.

El trasfondo: lucha anticorrupción o uso político del sistema judicial

La lucha contra la corrupción ha sido una bandera clave del gobierno de Pashinyan desde la revolución de 2018. Sin embargo, organizaciones opositoras y algunos observadores internacionales han expresado su preocupación por el uso potencialmente selectivo de la justicia para debilitar a los adversarios políticos.

La evolución del caso Ohanyan-Minasyan será una prueba crucial para la independencia del poder judicial armenio, especialmente en un entorno donde la confianza pública en las instituciones sigue siendo limitada.