El primer ministro armenio Nikol Pashinyan anunció en su cuenta de Facebook que “el tiempo de nacionalizar ENA (Electric Networks of Armenia) ha madurado”. Este pronunciamiento surge tras declaraciones del empresario Samuel Karapetyan, fundador del Grupo Tashir y actual propietario de ENA, quien afirmó en una entrevista que “les he escupido a ellos y a su red eléctrica” —en referencia a las autoridades— y expresó que ENA debe ser considerada patrimonio de todo el pueblo armenio.
“Estas personas no han considerado a ENA como propia (…) creo que ha llegado el momento en que ENA debe ser nacionalizada (…) se tendrá en cuenta la conciencia”, dijo Pashinyan.
Posteriormente, en una sesión del Consejo Nacional, el primer ministro confirmó que ya existe un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para nacionalizar ENA. Señaló que dio instrucciones hace un mes para que el gobierno evaluara el daño causado a los ciudadanos por la gestión de ENA y que daría de plazo hasta el 21 de junio para presentar resultados:

“Mi día de asignación termina el 21 de junio. (…) Deben compensar daños causados a la gente (…) escuela, jardín de infancia… es un estado intolerable” .
El plan de nacionalización de ENA representa una decisión clave que podría redefinir la base energética de Armenia, fortalecer la soberanía pública y responder a exigencias ciudadanas. El proyecto de ley en el Parlamento se presentará antes del 21 de junio, marcando un plazo definitorio para ver si el gobierno y el sector eléctrico asumen un nuevo modelo de gestión o enfrentan la revocación del modelo privatizado.
Contexto histórico: propiedad y crisis energética
La empresa ENA fue privatizada en 2006 y vendida en 2015 a la rusa Inter RAO, antes de pasar bajo control del Grupo Tashir, liderado por Samvel Karapetyan, por USD 253 millones. Durante el movimiento «Electric Yerevan» en 2015, las intensas protestas por aumentos de tarifas y cortes de luz forzaron al gobierno a revertir incrementos y reexaminar la gestión de ENA
Desde entonces, ENA emprendió programas de modernización masiva —por más de 680 millones USD entre 2016 y 2024— e instaló medidores inteligentes. Sin embargo, persisten quejas por cortes de suministro y daños en dispositivos eléctricos, lo que habría sido parte de la argumentación para considerar la nacionalización .
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