Pashinyan confirma que el Estado tomará el control temporal de las redes eléctricas de Armenia

Milkes MalakkianEconomiaArmeniajueves, 17 de julio de 2025153 Views

El gobierno de Armenia tomará el control temporal de la gestión de la Empresa de Energía de Armenia (ENA).

⚡🇦🇲 Pashinyan: "El Estado asumirá la gestión de la ENA". Armenia nacionaliza temporalmente sus redes eléctricas para garantizar eficiencia, transparencia y control ciudadano. No será estatización permanente. #ENA #Pashinyan #Armenia #Energía #Karapetyan 🏛️🔌

El primer ministro Nikol Pashinyan anunció este martes que el Estado tomará el control temporal de la gestión de la Empresa de Energía de Armenia (ENA), en el marco de un proceso orientado a resolver los múltiples problemas de eficiencia, transparencia y control ciudadano en la distribución eléctrica. Aunque la medida se enmarca en el proyecto de nacionalización aprobado por el Parlamento, el mandatario aclaró que no implica una estatización permanente, sino una reestructuración para encontrar “el administrador más eficaz posible”.

“Nuestro objetivo es que el Estado administre la ENA, y eso haremos”

Durante su conferencia de prensa del 16 de julio, Pashinyan afirmó que el origen del proceso no fue ideológico ni improvisado, sino que respondió a quejas reiteradas de ciudadanos en diferentes regiones del país. “Nuestra insatisfacción con la ENA comenzó hace tiempo. Durante mis visitas a las provincias, recibimos denuncias específicas sobre mal servicio, cortes injustificados y tarifas opacas”, indicó.

“En esta etapa, el Estado debería asumir la gestión de la ENA, y nosotros lo haremos. Pero eso no significa que la gestión estatal será definitiva. El objetivo es establecer un control público y estatal efectivo, no estatizar por estatizar”, declaró el jefe de gobierno.

Armenia gestión temporal ENA
El gobierno de Armenia tomará el control temporal de la gestión de la Empresa de Energía de Armenia (ENA).

En este sentido, el primer ministro dejó abierta la posibilidad de que, una vez saneada la empresa y auditados los procesos, se vuelva a delegar la gestión a un operador privado, siempre que garantice los estándares exigidos por el Estado. “No se trata de estatismo, sino de responsabilidad con una infraestructura estratégica”, subrayó.

El presidente Khachaturyan y la Comisión de Regulación apoyan la medida

La Presidencia de Armenia también se pronunció sobre el tema. El presidente Vahagn Khachaturyan se reunió con Mesrop Mesropyan, presidente de la Comisión Reguladora de los Servicios Públicos (CRSP), para discutir el futuro inmediato de la red eléctrica del país. Según el comunicado oficial, se enfatizó la urgencia de garantizar una gestión estable, segura y eficaz de una infraestructura que es “de importancia estratégica para la seguridad nacional”.

El presidente Khachaturyan también señaló la necesidad de reformas legislativas que regulen de forma clara los mecanismos de gestión estatal en situaciones excepcionales, como el caso actual de la ENA.

Por su parte, Mesropyan presentó los trabajos recientes de la Comisión y las nuevas regulaciones que están en preparación para fortalecer el marco normativo del sector energético, asegurando que el proceso de transición no afecte la prestación del servicio a los ciudadanos.

Nacionalización con condiciones y control público

El pasado 3 de julio, el Parlamento armenio aprobó en segunda lectura y en su totalidad el proyecto de nacionalización temporal de la ENA, lo que da luz verde al gobierno para intervenir formalmente en la gestión de la empresa. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo han insistido en que no se trata de una confiscación definitiva, sino de una medida correctiva con plazo limitado.

La ENA, que hasta ahora estaba gestionada por el grupo empresarial Tashir —del empresario Samvel Karapetyan, actualmente detenido por otros cargos penales—, ha sido objeto de múltiples controversias sobre el uso de fondos, las condiciones de mantenimiento de la red y la falta de inversiones en sectores clave.

Con esta medida, el gobierno busca restablecer la confianza pública, reducir la posibilidad de abusos tarifarios y garantizar la continuidad del suministro energético, especialmente en regiones rurales y zonas de difícil acceso.


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