Verónica Allocco
El gobierno de Armenia ha iniciado el proceso para introducir un nuevo mecanismo legal que permita eliminar contenidos en publicaciones que sean insultantes o difamatorias. La medida, debatida esta semana bajo la presidencia del viceministro de Justicia, Karen Dadunts, forma parte de un conjunto de reformas que afectan al Código Civil y a la Ley de Medios de Comunicación del país.
Durante una reunión pública organizada por el Ministerio de Justicia, funcionarios, expertos jurídicos y representantes de medios abordaron los riesgos, beneficios y límites de este paquete legislativo. Según explicó el propio Dadunts, el objetivo principal es dar cumplimiento a una reciente decisión de la Corte Constitucional, que avala la posibilidad de eliminar contenidos difamatorios en entornos digitales y públicos.
“El proceso debe desarrollarse con transparencia y en colaboración directa con los representantes del sector periodístico”, declaró Dadunts en su intervención de apertura.
Hacia una nueva regulación de los medios en Armenia
La propuesta ha generado un debate inmediato en el ámbito mediático y legal. La jefa del Departamento de Seguridad Jurídica del Ministerio, Margarita Zalibekyan, presentó los fundamentos técnicos del proyecto y subrayó la necesidad de incorporar referencias comparativas de derecho internacional, citando ejemplos de países europeos con marcos similares.
Zalibekyan sostuvo que la iniciativa responde a una demanda creciente de mecanismos que protejan el honor y la dignidad de las personas frente al auge de la desinformación, el discurso de odio y los ataques personales que proliferan, especialmente en plataformas digitales.
Por su parte, los representantes de medios independientes expresaron inquietudes sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y pidieron garantías legales claras para evitar abusos por parte de las autoridades o actores con poder político.
¿Hacia una censura encubierta o un orden informativo?
El Ministerio de Justicia aseguró que todas las observaciones y propuestas serán recogidas y evaluadas, y se comprometió a mantener el proceso en un entorno de colaboración con la sociedad civil, especialmente con las organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
El debate se da en un contexto sensible para Armenia, donde en los últimos meses han crecido las tensiones entre el gobierno y varios medios de comunicación, y donde el uso del aparato judicial en disputas informativas ha sido objeto de críticas tanto internas como internacionales.
Las reformas propuestas aún deben pasar por una etapa de revisión legislativa y aprobación parlamentaria. Hasta entonces, el debate promete profundizarse.
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