Klaus Lange Hazarian
En Armenia, el número de detenidos en las cárceles supera al de personas ya condenadas. Según cifras oficiales de 2024, en los centros penitenciarios había 2.686 personas, de las cuales 1.285 cumplían condena y 1.401 eran detenidos en espera de juicio.
La activista por los derechos humanos Zaruhi Hovhannisyan calificó este fenómeno como “una señal preocupante”, sobre todo considerando que el nuevo Código de Procedimiento Penal, adoptado en 2021, prevé medidas alternativas como el arresto domiciliario o la supervisión militar.
Críticas a los tribunales armenios
Hovhannisyan recordó que entre 2018 y 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió 19 fallos contra Armenia por abusos en la aplicación de la detención preventiva. “En todos esos casos, los tribunales armenios escogieron de forma ilegal la prisión como medida cautelar, copiando simplemente la petición del fiscal, sin justificar adecuadamente la necesidad de privación de libertad”, advirtió.
En su análisis, la defensora resaltó que, pese a las reformas legales, la detención sigue siendo la medida preventiva más aplicada en el sistema judicial armenio, especialmente contra figuras vinculadas a la actividad política.
Los datos de los últimos tres años lo confirman: en 2022 hubo 2.265 personas encarceladas (1.055 condenados y 1.210 detenidos); en 2023, 2.469 (1.152 condenados y 1.317 detenidos); y en 2024, 2.686 (1.285 condenados y 1.401 detenidos).
Alternativas que casi no se aplican
El Código Procesal Penal en vigor desde junio de 2021 establece una nueva concepción de medidas preventivas, contemplando opciones como arresto domiciliario, supervisión administrativa, caución, suspensión del cargo, prohibición de viajar, fianza personal, supervisión educativa o militar.
El objetivo, según el artículo 115 del código, es otorgar garantías a los tribunales reduciendo al mínimo la afectación al derecho a la libertad y seguridad. Sin embargo, las ONG denuncian que estas medidas rara vez se aplican en la práctica.
El papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El TEDH ha mantenido una posición firme en sus fallos, incluso en casos donde el acusado había evadido la justicia. Uno de los más emblemáticos fue el caso Pashinyan vs. Armenia, resuelto en abril de 2022. El actual primer ministro, Nikol Pashinyan, había denunciado su detención entre octubre de 2009 y enero de 2010. Estrasburgo concluyó que se violó su derecho a la libertad y seguridad, al no haber sido protegido frente a la arbitrariedad judicial.
Prácticas judiciales arraigadas
Los expertos subrayan que los tribunales armenios siguen adoptando decisiones “plantilla”, copiando los pedidos de la fiscalía sin analizar cada caso de forma individualizada. “El uso excesivo de la detención preventiva y la ausencia de un sistema de evaluación personalizado reflejan problemas sistémicos”, advierten los defensores de derechos humanos.
Según Hovhannisyan, mientras persistan estas prácticas, Armenia seguirá acumulando fallos condenatorios del TEDH. La percepción ciudadana, concluye, es que la prisión preventiva se utiliza más como un instrumento de presión política que como una necesidad real de justicia.
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