SoyArmenio
El gobierno de Armenia aprobó este 29 de mayo de 2025 una serie de enmiendas a la ley “Sobre Organizaciones Estatales No Comerciales”, así como a otras normativas relacionadas, que eliminan el régimen de uso gratuito de bienes inmuebles estatales y lo reemplazan por un sistema de alquiler. La medida se aplicará a agencias gubernamentales, ONG, fundaciones y otras estructuras públicas, marcando un cambio profundo en la política de gestión del patrimonio estatal.
El objetivo central, según las autoridades, es aumentar la eficiencia del uso de los bienes inmuebles estatales y reducir los casos de mal aprovechamiento.
“Los cambios están dirigidos a resolver los problemas sistémicos que se han acumulado en el sistema de uso gratuito de la propiedad”, declaró el ministro de Administración Territorial e Infraestructura, Davit Khudatyan, al presentar el proyecto ante el gabinete, según reportó Armenpress.
Ineficiencia y opacidad: los argumentos del Ejecutivo
Khudatyan explicó que las investigaciones del Comité de Administración de Bienes Estatales revelaron numerosos casos de utilización ineficaz, parcial o completamente ociosa de inmuebles públicos, lo cual justificó la necesidad de reformar el sistema. Afirmó además que los pagos de alquiler serán destinados al presupuesto estatal y que no implicarán una carga nueva para las instituciones involucradas, ya que “se compensarán con su propio presupuesto”.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Vahe Hovhannisyan, defendió la reforma destacando que “a veces transferimos propiedades a ONG y otras estructuras como forma de apoyo, pero estos gastos no se registran. Para lograr mayor transparencia en las políticas públicas y evaluar con precisión el costo real, debemos contabilizarlos”, afirmó.
La propuesta, según los ministros, se basa en prácticas internacionales y responde a la necesidad de alinear la política patrimonial del Estado con criterios de rendición de cuentas, eficiencia y sostenibilidad.
Preocupación del sector educativo y cultural
Sin embargo, la iniciativa no fue unánimemente respaldada en el gabinete. La ministra de Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, Zhanna Andreasyan, expresó reservas sobre el impacto del nuevo modelo sobre las instituciones que dependen de su cartera.
“Si bien comprendemos la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, creemos que un arrendamiento a tal escala supondrá una carga adicional considerable para el presupuesto. Dado el derecho a la educación y otras obligaciones del Estado, esto plantea interrogantes conceptuales”, advirtió.
Andreasyan solicitó que se discuta de manera diferenciada el tratamiento de 1.352 escuelas, centros culturales y deportivos que podrían verse directamente afectados por la nueva normativa. En su opinión, la implementación del modelo arrendatario podría generar burocracia y dificultades adicionales en lugar de resolver los problemas actuales.
Apoyo desde la Vicepresidencia y perspectiva a futuro
A pesar de las objeciones, los viceprimeros ministros Mher Grigoryan y Tigran Khachatryan respaldaron la medida, señalando que las evaluaciones técnicas realizadas indican una mejora en la eficiencia del uso de los inmuebles estatales. La iniciativa, según los defensores del proyecto, se alinea con una visión más moderna y responsable de la gestión del patrimonio público, en un momento en que Armenia busca mejorar la calidad del gasto estatal.
La reforma marca así un punto de inflexión en la política de administración patrimonial en Armenia, y aunque su impacto aún está por verse, ya ha generado un debate de fondo sobre el rol del Estado en el sostenimiento de servicios públicos esenciales, como la educación y la cultura.
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